La posibilidad tomó impulso después de la firma del acuerdo Corredor Andes-Atlántico. En ese contexto, el Eximbank, el banco estadounidense de exportaciones e importaciones, anunció créditos por US$7.000 millones destinados a proyectos estratégicos y a operaciones de exportación e importación vinculadas con empresas estadounidenses.
Posteriormente, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó que hasta 2027 podría haber financiamiento por US$20.000 millones, en una señal de respaldo al presidente Javier Milei.
Durante la reciente visita del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, su comitiva explicó a representantes empresariales que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) cuenta con capacidad para financiar inversiones en el país por otros US$20.000 millones. La propuesta todavía está en etapa de evaluación y representaría el 10% de la capacidad total de financiamiento del organismo.
En paralelo, el Eximbank analiza mejorar la categoría de Argentina dentro de su cartera, una decisión que podría habilitar hasta US$10.000 millones adicionales. Las posibilidades fueron dadas a conocer por Alejandro Díaz, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, aunque ambas alternativas continúan bajo estudio.
El esquema podría instrumentarse mediante desembolsos, garantías y seguros. Además, tendría capacidad para movilizar recursos de otras fuentes: la DFC no funciona necesariamente como único financiador, sino que establece montos máximos por proyecto y, con su respaldo, puede facilitar el acceso a capital adicional.
Al menos 25 proyectos de empresas que operan en Argentina se encuentran bajo evaluación de la DFC. Sin embargo, el organismo mantiene el criterio de no financiar compañías controladas por el Estado. La restricción no alcanza a aquellas firmas que cuentan entre sus accionistas con empresas bajo control estatal.
Entre los sectores contemplados se encuentra la logística, considerada estratégica para el desarrollo de actividades incluidas en los acuerdos entre ambos países, como la producción de minerales críticos. En este segmento, las expectativas están puestas principalmente en el cobre y el litio. También figuran las inversiones vinculadas con la producción de petróleo y gas.
Este último sector presenta una situación particular frente a la incertidumbre que se generó en los últimos meses alrededor del programa económico argentino. Referentes del mercado aseguran que confían en que no habrá nuevos cambios bruscos en la política económica y sostienen que el calendario electoral no representa una preocupación central para sus decisiones.
Las empresas buscan preservar las políticas que favorecieron la expansión de la actividad durante los últimos años, entre ellas el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También destacan que Vaca Muerta fue la única política de Estado que logró mantenerse durante ese período. Debido a que las inversiones del sector se planifican a largo plazo, advierten que cualquier modificación significativa en las reglas de juego podría generar malestar en las casas matrices.
La expectativa de las compañías es que el crecimiento de la producción energética contribuya a que la balanza comercial deje de representar un problema para Argentina. Esta perspectiva se apoya en el peso cada vez mayor del petróleo y el gas dentro de la canasta exportadora del país.
