Un análisis de los gastos electorales, expresados a valores de 2025 para evitar distorsiones por la inflación, calculó que el Estado destinó ese año $468.083 millones al funcionamiento de los partidos y a las actividades vinculadas con las elecciones. El monto representó el 0,05% del PBI y fue apenas un 3% inferior al registrado en las elecciones legislativas de 2021, cuando se realizaron las PASO.
La diferencia entre ambos procesos se explica, en parte, por la composición del gasto. En 2025 se redujeron las transferencias destinadas a conceptos como impresión de boletas, aportes extraordinarios para campañas y operativos de seguridad. Esa partida alcanzó los $88.742 millones, $43.605 millones menos que en 2021 y $129.652 millones menos que en 2023.
Pero la disminución fue compensada en buena medida por los costos logísticos. El Correo Argentino demandó $225.113 millones durante las elecciones de 2025, equivalente al 48% del gasto electoral total. Se trató del monto más elevado de la serie analizada, pese a que hubo un único operativo nacional.
La comparación con procesos que requirieron más jornadas también resulta significativa. En las elecciones presidenciales de 2015 y 2023, que incluyeron PASO y posteriormente otras instancias nacionales, el gasto logístico promedio fue de $190.797 millones. En las legislativas de 2017 y 2021, con dos jornadas electorales, el promedio llegó a $183.687 millones. El operativo de 2025, con una única elección, superó ambos registros.
El contraste también aparece al comparar el actual esquema con el período anterior a las PASO. Las legislativas de 2009, las últimas antes de la implementación de las primarias, tuvieron un costo equivalente a $296.967 millones a valores de 2025. El proceso electoral de 2025 fue, de este modo, un 58% más caro en términos reales.
Desde el Gobierno se sostiene que las PASO implican que el Estado financie la selección interna de candidatos de los partidos y que esas disputas deberían resolverse mediante mecanismos propios de cada agrupación. La eliminación de las primarias es presentada como parte de una reforma electoral más amplia que también contempla cambios en la Boleta Única de Papel, la Ficha Limpia, el financiamiento político y las condiciones para la continuidad de los partidos.
El proyecto ya se encuentra en el Senado y la definición quedará en manos del Congreso.
Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria y dirigente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, cuestionó que el análisis se concentre exclusivamente en cuánto cuesta organizar las PASO. Según planteó, reemplazar las primarias por internas partidarias no garantiza una reducción del gasto, ya que la selección de candidatos también requiere recursos.
Galmarini también puso el foco en el financiamiento de las campañas y sostuvo que el debate debería incluir no solamente cuánto dinero aporta el Estado, sino también cómo se transparentan el origen y el destino de los fondos utilizados durante las elecciones.
La discusión alcanza además a la Boleta Única de Papel. Un análisis realizado desde la Universidad de Buenos Aires calculó que la impresión centralizada de las boletas demandó alrededor de $43.000 millones, cifra que llegó a unos $52.000 millones al incorporar el IVA.
El costo por elector también varió según el sistema utilizado. En 2021, la boleta partidaria tuvo un costo estimado de $562 por votante en cada jornada electoral. En 2023, la cifra fue de $658, mientras que en 2025 la Boleta Única de Papel alcanzó los $1.445 por elector en la única elección. En caso de realizarse dos jornadas con el mismo esquema, ese valor podría llegar a $2.890 por elector.
Para 2027, los investigadores estiman que el costo unitario de producción de la Boleta Única de Papel podría incrementarse entre un 15% y un 20%.
El debate sobre las PASO tiene además un componente histórico. Antes de su implementación, las elecciones nacionales demandaban un único despliegue central. Las presidenciales de 2007 representaron un gasto equivalente a $284.500 millones a valores de 2025, mientras que las legislativas de 2009 llegaron a $296.967 millones.
A partir de 2011, con la incorporación de las primarias, el piso del gasto electoral anual pasó a ubicarse por encima de los $440.000 millones. Los procesos presidenciales con balotaje elevaron todavía más esas cifras: en 2015 el gasto alcanzó los $667.543 millones y en 2023 llegó a $574.132 millones. En 2019, cuando la elección presidencial se resolvió en primera vuelta, el monto fue de $445.012 millones.
Otro componente que perdió peso dentro del gasto político es el financiamiento cotidiano de los partidos. El Fondo Partidario Permanente pasó de $34.999 millones en 2015 a $402 millones en 2025, mientras que para 2026 se proyectan $354 millones. Actualmente, representa menos del 0,1% del gasto político electoral.
El debate que llegará al Congreso plantea así dos posiciones contrapuestas. El Gobierno sostiene que eliminar las primarias permitirá evitar que los ciudadanos financien las internas partidarias, mientras que la oposición cuestiona tanto el impacto real del ahorro como las consecuencias políticas de la reforma.
Los datos de 2025 muestran que la eliminación de una jornada electoral redujo algunas partidas, pero no produjo una baja equivalente en el gasto público total. Con menos transferencias y un solo despliegue nacional, los costos logísticos alcanzaron, al mismo tiempo, el mayor nivel de la serie analizada.
