Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han calificado esta iniciativa como “despido extorsivo”, tras filtrar el borrador del proyecto que detalla el nuevo programa de retiros voluntarios.
Según el documento compartido por el gremio, la norma abarcaría a 21.187 trabajadores, generando un costo inicial para el Estado que oscilaría entre $116.500 y $130.000 millones en concepto de indemnizaciones.
El régimen se aplicaría al personal de planta permanente y a aquellos con contrato por tiempo indeterminado, quedando excluidos los trabajadores contratados. Además, la segmentación del grupo se realizaría en tres categorías: empleados en edad de jubilarse con los años de aportes necesarios, aquellos que están cerca de jubilarse pero les faltan algunos años de aportes, y finalmente, trabajadores más jóvenes que opten por abandonar voluntariamente el sector público.
Para ATE, esta decisión es una forma de extorsión. “No hay voluntad cuando la opción es firmar o quedarte en la calle sin trabajo y sin seguridad social”, expresó Rodolfo Aguiar, líder del gremio. También subrayó: “Afirmaron que venían a destruir el Estado, pero antes de que logren completarlo, nosotros debemos poner fin a ellos.”
