El traslado está a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de fuerzas federales, con la participación de aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de otras fuerzas de seguridad. Los desplazamientos se realizan de manera progresiva y bajo un esquema de custodia que incluye comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos.
Antes de comenzar, el SPF verificó las instalaciones, los servicios esenciales y los sistemas de seguridad del complejo de Marcos Paz. En esas tareas participaron 1.080 efectivos, cadetes y estudiantes de los institutos de formación penitenciaria, según informaron fuentes oficiales.
La organización del operativo incluyó la preparación de 3.000 bolsones precintados para las pertenencias de los internos, monitoreo por GPS de los vehículos, controles médicos y un sistema de identificación mediante pulseras con códigos QR. También se instalaron 224 teléfonos públicos y se habilitó un canal de consultas por WhatsApp.
El procedimiento contempla evaluaciones médicas y registros de salida y llegada para cada interno, además de actas y precintos numerados para identificar sus pertenencias. Los vehículos recorren aproximadamente 55 kilómetros entre ambos establecimientos, con custodia de móviles de seguridad y motocicletas. El operativo también requiere cortes de tránsito y vallados en las inmediaciones de Devoto.
La autorización para el funcionamiento del complejo de Marcos Paz y la desafectación de Devoto se establecieron mediante la Resolución 1042/2026, en el marco de un acuerdo firmado en 2018 entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Por su parte, la Resolución 1018/2026 dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para coordinar el procedimiento.
La operación recibió críticas de organizaciones de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que los traslados se realizaran sin aviso previo a familiares, defensores y organismos de control. La entidad sostuvo que el Gobierno incumplió acuerdos previos que, según su planteo, debían garantizar las condiciones del proceso.
El CELS también advirtió que el traslado tendría como objetivo liberar el predio de Devoto para facilitar un reclamo inmobiliario y señaló que algunos estudiantes universitarios alojados allí podrían perder la continuidad de sus estudios. Además, cuestionó la falta de transparencia y afirmó que no pudo ingresar para supervisar la situación.
En paralelo, la Justicia rechazó un habeas corpus colectivo y correctivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). El organismo había cuestionado que algunos internos no fueran informados sobre su unidad de destino y que sus defensores o los jueces correspondientes no recibieran las notificaciones previstas en los protocolos. También advirtió sobre la situación de presos que cursaban estudios en el Centro Universitario Devoto y la necesidad de garantizar la continuidad educativa en el nuevo complejo.
Tras escuchar a las partes en una audiencia, el juez Santiago Bignone desestimó el planteo. Consideró que no se había demostrado una afectación concreta de la integridad o los derechos de los internos y sostuvo que el cambio de establecimiento, por sí solo, no permite presumir un riesgo inminente. Según su resolución, para considerar que el traslado agrava la situación de los detenidos debe acreditarse una amenaza o vulneración concreta de sus derechos.
Este martes, el Poder Ejecutivo informó que en Marcos Paz continuarán las actividades educativas y de formación profesional de los niveles primario, secundario y universitario. También aseguró que los internos y sus familias recibieron información sobre los traslados y los cronogramas de visitas, y que los juzgados competentes fueron notificados de cada movimiento.
Las consultas sobre el procedimiento pueden realizarse a través de una línea específica o del sitio web habilitado, con verificación de los datos registrados en el sistema de visitas. El operativo continuará de manera progresiva hasta completar la desocupación de la cárcel de Villa Devoto.
