La apertura del proceso fue dispuesta por el Juzgado Comercial N° 17, Secretaría N° 33, bajo la modalidad de “pequeño concurso”. La compañía tiene su planta en José Ingenieros, partido de Tres de Febrero, y su sede administrativa en la Ciudad de Buenos Aires.
Según el último balance presentado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, la firma contaba con activos por $1.191 millones y un pasivo de $416 millones. La mayor parte de los activos estaba conformada por bienes de cambio y créditos.
Entre las obligaciones declaradas, el principal componente corresponde a deudas fiscales, por más de $175,8 millones. Los compromisos bancarios y financieros alcanzan los $116,9 millones, mientras que las obligaciones sociales y laborales, que incluyen cargas sociales, salarios e indemnizaciones pendientes, suman $63 millones. En tanto, las deudas con proveedores de bienes y servicios ascienden a $60,8 millones.
La situación de cesación de pagos, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, comenzó a manifestarse principalmente hacia noviembre de 2024. La empresa atribuyó el deterioro de sus cuentas a una combinación de factores económicos, una reducción de la demanda y el crecimiento del endeudamiento.
La compañía explicó ante la Justicia que el escenario económico iniciado en 2023 tuvo un impacto sobre el sector sanitario, con el cierre de establecimientos y una menor demanda por parte de los que continuaron funcionando. Esa situación, según su presentación, derivó en una pérdida de clientes y en una disminución de los servicios prestados.
La evolución de la estructura de la empresa refleja el impacto de ese proceso. En sus primeros años llegó a contar con unos 60 trabajadores y una producción de aproximadamente cinco toneladas diarias. Hacia mediados de 2024, la plantilla se había reducido a cinco empleados y la producción había caído a menos de dos toneladas por día.
A pesar de esa reducción, la firma señaló que continuó realizando esfuerzos para sostener sus operaciones y que durante ese período efectuó inversiones en maquinaria y mejoras edilicias.
La Santé comenzó sus actividades en la década de 1980, en un contexto marcado por la aparición del VIH y por cambios en los protocolos de bioseguridad de los establecimientos sanitarios. La empresa desarrolló desde 1983 ropa quirúrgica descartable y sistemas destinados a reducir la exposición a agentes patógenos durante procedimientos médicos.
Con el paso de los años, la firma se especializó en indumentaria y productos descartables para el ámbito hospitalario, incluyendo packs de ropa quirúrgica, campos de procedimientos y camisolines.
El proceso concursal establece ahora una serie de plazos para los acreedores y para la empresa. El juzgado fijó el 28 de octubre como fecha límite para que quienes reclamen créditos contra la compañía presenten sus pedidos de verificación ante la sindicatura.
Por su parte, La Santé tendrá tiempo hasta el 9 de septiembre de 2027 para presentar una propuesta de acuerdo con sus acreedores. El período de exclusividad finalizará el 7 de octubre de ese año, dentro del procedimiento previsto para alcanzar una solución que permita evitar la quiebra.
