En una presentación del 8 de octubre, las autoridades señalaron que la Argentina había liquidado ese monto con acreedores de títulos regidos por la legislación alemana. Sin embargo, todavía permanecen abiertos distintos procesos judiciales en ese país.
Según el mismo documento, al 8 de octubre seguían pendientes sentencias firmes por €121 millones, correspondientes a capital, intereses y costas judiciales. Además, se habían presentado otras demandas por aproximadamente €2,2 millones de capital, más intereses, sobre las que todavía no existía una sentencia definitiva.
Los litigios se originaron en títulos que no fueron presentados a los canjes de deuda de 2005 y 2010. La condición individual de muchos de los tenedores dificultó una negociación colectiva y derivó en múltiples demandas contra el Estado argentino.
Para avanzar en la resolución de esos reclamos, el Ministerio de Economía aprobó la contratación de Sodali & Co, una firma especializada en servicios vinculados con deuda. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1685/2026 y apunta a identificar acreedores, conciliar los reclamos y facilitar acuerdos de pago.
La contratación busca retomar un trabajo que la empresa ya había realizado en 2016, cuando fue convocada para elaborar una base de datos de acreedores y colaborar con una eventual reestructuración. Según la resolución, desde 2019 no se habían efectuado nuevos pagos a los bonistas alemanes.
La primera etapa de la negociación contempla alcanzar acuerdos con al menos 500 acreedores identificados que ya cuentan con sentencias judiciales. La propuesta excluye inicialmente a quienes no tengan un fallo, aunque también se prevé avanzar en la identificación de otros tenedores.
El objetivo es reducir la cantidad de litigios abiertos y limitar nuevas acciones judiciales en otras jurisdicciones. Algunos acreedores buscan que sus sentencias sean reconocidas en países como Estados Unidos, Luxemburgo y España, lo que podría ampliar los frentes legales para la Argentina.
En años anteriores, los tenedores de bonos bajo legislación alemana también reclamaron que se les reconociera una cláusula *pari passu*, similar a la que obtuvieron acreedores en tribunales de Nueva York. Ese planteo fue rechazado. Por otra parte, los bienes de la República afectados a funciones diplomáticas o consulares, incluidas las cuentas de embajadas y consulados, están protegidos frente a embargos.
Pese a esas limitaciones, las autoridades informaron que algunos demandantes consiguieron embargar fondos argentinos depositados en entidades que actúan como agentes de pago para intereses de otras obligaciones públicas. También se registraron embargos sobre créditos de la República frente a antiguos asesores jurídicos en Alemania y frente a otros demandantes que retiraron sus demandas o perdieron sus litigios.
En paralelo, el Gobierno enfrenta reclamos de bonistas que sí participaron de los canjes de 2005 y 2010. La agrupación que representa a tenedores de títulos vinculados con el crecimiento del producto bruto interno (PBI), con posiciones por cerca de US$ 4.000 millones, reclamó una reunión con las autoridades para discutir un acuerdo.
La organización cuestionó la falta de encuentros con funcionarios argentinos durante reuniones internacionales y puso en duda el compromiso del Gobierno con una negociación de buena fe. Su comité directivo incluye representantes de HBK Investments, Monarch Alternative Capital, Paloma Partners Management, Pharo Management, Redwood Capital Management y VR Capital Group.
El avance con los acreedores alemanes también se relaciona con el compromiso asumido por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de impulsar conciliaciones. Un antecedente fue el acuerdo con los bonistas en default Attestor Master y Bainbridge, a quienes se les pagaron US$ 170 millones con una quita superior al 30% de los montos reclamados. Ese entendimiento permitió posteriormente cerrar la causa judicial.
El Presupuesto 2027 también contempla recursos para afrontar obligaciones derivadas de litigios. Su artículo 49 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por US$ 1.030 millones, o su equivalente en otras monedas, destinadas exclusivamente a cancelar obligaciones derivadas de decisiones o laudos firmes de arbitrajes internacionales contra el Estado nacional.
Con estas medidas, el Gobierno busca reducir la exposición judicial derivada de antiguos incumplimientos de deuda y avanzar en acuerdos que permitan cerrar reclamos pendientes. Sin embargo, la continuidad de las demandas en Alemania y las exigencias de otros grupos de bonistas muestran que la resolución de los litigios todavía enfrenta desafíos.
