La advertencia surge de un análisis elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentado ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, en el marco del debate presupuestario. El informe estima que la asignación para la niñez crecería un 7% en términos reales frente al presupuesto vigente a septiembre de 2026.
No obstante, la comparación tiene una salvedad: las partidas de este año no contemplan la totalidad de los recursos necesarios para cubrir hasta diciembre prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares, cuyos montos se actualizan automáticamente. Según el cálculo de UNICEF, esa diferencia podría alcanzar los $1,5 billones. Si se incorpora ese faltante a la comparación, la inversión prevista para 2027 se mantendría en niveles similares a los de 2026.
Las proyecciones dependen, además, de las variables macroeconómicas contempladas por el Gobierno. El Ministerio de Economía estima una inflación acumulada del 18% para 2027, un promedio anual del 21,1%, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para fines de ese año.
Esas previsiones difieren de las expectativas relevadas por el Banco Central entre analistas del mercado, que proyectan una inflación interanual del 20,5% y un crecimiento económico del 2,9%. Si el aumento de precios supera el supuesto oficial del 18%, el poder adquisitivo de las partidas presupuestarias destinadas a la niñez podría deteriorarse más de lo previsto en el análisis de las organizaciones.
Las políticas de protección de ingresos concentran la mayor parte de los recursos destinados a este sector. La AUH, las Asignaciones Familiares y la Prestación Alimentar representan en conjunto el 88% de la inversión nacional en niñez, según los datos presentados ante los legisladores. Por ese motivo, la evolución de estas prestaciones resulta determinante para el resultado general del presupuesto.
Uno de los puntos que genera preocupación es la eliminación, prevista en el proyecto, del mecanismo legal de actualización automática de la AUH y las Asignaciones Familiares. Las organizaciones advierten que un cambio de estas características podría afectar el poder de compra de los beneficios si no se garantiza un esquema de ajuste.
En paralelo, las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso contemplan $14,4 billones para las asignaciones familiares durante 2027, lo que representaría un aumento real del 2,5%, con un promedio de 4,35 millones de beneficiarios por mes. Esa proyección refleja el cálculo presupuestario, mientras que las advertencias de UNICEF y ACIJ apuntan al riesgo de que la evolución efectiva de las prestaciones no acompañe los aumentos de precios ante la eventual eliminación del mecanismo automático.
En educación, el proyecto prevé un incremento real del 13% en los recursos destinados a la niñez, impulsado por las partidas para el Plan Nacional de Alfabetización y las becas educativas. Sin embargo, desde ACIJ señalaron que la mejora no alcanzaría para compensar el retroceso acumulado durante los últimos años. También advirtieron que el financiamiento previsto para programas como las Becas Progresar seguiría por debajo de los niveles de 2023.
El panorama es diferente en el área sanitaria. De acuerdo con el análisis, el presupuesto vinculado con la salud de niñas, niños y adolescentes caería un 13% en términos reales, principalmente por la reducción de recursos para vacunas y de las transferencias al Hospital Garrahan. La mayor contracción se registraría en las políticas de fortalecimiento de la educación y el cuidado de la primera infancia, con una baja proyectada del 16%.
Las organizaciones también alertaron sobre la subejecución de partidas disponibles durante 2026 en educación, salud, nutrición y programas de cuidado de la primera infancia. Hasta el cierre de la información, las cifras y observaciones del informe no habían recibido una respuesta pública específica del Ministerio de Economía.
Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había centrado su presentación en el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. También sostuvo que el financiamiento para las personas con discapacidad estaría garantizado en su totalidad y mencionó una reducción de 0,23 puntos del PBI en el gasto de la seguridad social, vinculada con el impacto del Fondo de Asistencia Laboral. En esa intervención no se refirió específicamente a las partidas de salud y primera infancia señaladas por las organizaciones.
El debate presupuestario avanzará en las próximas semanas con un cronograma que el oficialismo busca sostener para obtener dictamen el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre.
La Libertad Avanza cuenta con 95 bancas propias en la Cámara de Diputados y necesita reunir 129 votos para alcanzar el quórum y avanzar con la iniciativa. Para ello, el Gobierno deberá negociar con bloques aliados y gobernadores, en una discusión que incluye recursos para el financiamiento universitario, obras públicas y prestaciones por discapacidad. El costo fiscal adicional estimado para esas demandas asciende a $600.000 millones.
