Jorge Cibraro, representante de la empresa vial ICF, afirmó ante el tribunal que durante el período investigado, comprendido entre 2003 y 2015, la compañía mantenía cuatro contratos de obra pública con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Según su relato, mantuvo encuentros con Ernesto Clarens, señalado en la causa por su vínculo financiero con el matrimonio Kirchner. El empresario contó que primero concurrió a una oficina ubicada en el centro porteño, en la esquina de Maipú y Sarmiento, y posteriormente a otra situada en Puerto Madero.
Durante esas reuniones, de acuerdo con la declaración, Clarens le habría planteado que la realización de determinados aportes podía contribuir a reducir las demoras en los pagos correspondientes a las obras. Cibraro sostuvo que desde ese ámbito recibieron pedidos de dinero, pero aseguró que la empresa decidió no acceder a ellos.
Las direcciones mencionadas durante el testimonio coinciden con oficinas que Clarens había identificado previamente al declarar como imputado colaborador en el expediente. En aquella declaración había reconocido un papel vinculado con la recaudación y el vínculo entre distintos actores involucrados en el esquema investigado.
Durante el interrogatorio, Cibraro también fue consultado sobre la eventual continuidad de los vínculos de Clarens con el ámbito de Vialidad. El empresario respondió que, según lo que había manifestado el propio financista, esos vínculos continuarían, aunque aclaró que no tenía conocimiento directo sobre la situación.
El testimonio se incorporó a una serie de declaraciones de empresarios que pasaron por el juicio y relataron situaciones relacionadas con demoras en los pagos de contratos de obra pública. Tres semanas antes, otro empresario del sector había contado que también mantuvo una reunión con Clarens en la que se habló sobre el retraso en los pagos, aunque no pudo confirmar que finalmente se hubieran concretado los desembolsos que le fueron solicitados.
El debate oral analiza las obras correspondientes a seis corredores viales y las acusaciones relacionadas con el presunto pago de retornos vinculados con concesiones de peaje de rutas nacionales.
Entre los empresarios que afrontan el proceso se encuentra Marcelino Aznar, vinculado a la empresa Decavial y responsable de uno de esos corredores. Aznar reconoció durante el expediente haber efectuado pagos ilegales, aunque sostiene que no tuvo participación en una supuesta organización de esos pagos a nivel de todo el sector.
Las declaraciones de los empresarios forman parte de la prueba que se analiza durante el juicio para determinar cómo funcionaban los mecanismos de contratación, pago y presuntos retornos asociados a las obras públicas investigadas.
