La Asociación Leches Medicamentosas intervino en 2025 en más de 800 reclamos administrativos ante obras sociales y prepagas, además de viabilizar 220 acciones judiciales para que niños con indicación médica obtengan las fórmulas especiales que requieren para su alimentación.
La causa principal de la necesidad de estas leches es la alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), la alergia alimentaria más común en lactantes, que se estima afecta entre el 2 y el 5 por ciento de los menores de un año. Los síntomas de esta alergia incluyen vómitos, diarrea, cólicos intensos, reflujo y poco aumento de peso, derivados de una respuesta inflamatoria.
Se aborda mediante la eliminación de cualquier alimento que contenga proteína de leche de vaca de la dieta, tanto del niño como de la madre durante la lactancia. Además, si el profesional lo considera necesario, puede recomendar el uso de leches medicamentosas para satisfacer las necesidades nutricionales del bebé.
A pesar de que la Ley 27.305, sancionada hace una década, establece la obligación de brindar cobertura del 100 por ciento para estas leches, investigaciones recientes evidencian que el desafío principal ya no radica en el reconocimiento del derecho, sino en su efectiva implementación y sin demoras.
Una consultora realizó un relevamiento a 150 profesionales de la salud (pediatras, gastroenterólogos y alergistas) y a 166 cuidadores (padres y madres) de diversas regiones, incluyendo AMBA, Córdoba y Mendoza. Los hallazgos indican que cerca de la mitad de las familias (47%) requirió múltiples consultas médicas antes de obtener el diagnóstico de APLV.
Asimismo, el estudio reveló que el 34 por ciento de las familias no tiene acceso completo a las leches medicamentosas: al 19 por ciento no se les cubre el costo por parte de su obra social o prepaga; el 10 por ciento obtiene menos unidades de las indicadas; el 4 por ciento recibe una cobertura parcial del costo; y el 1 por ciento tiene una cobertura parcial que solo aplica a algunas de las unidades prescritas.
El relevamiento también identificó que el 80 por ciento de los médicos está al tanto de la Ley 27.305. Sin embargo, es inquietante que un 20 por ciento insiste en desconocerla, lo cual resulta preocupante considerando su rol como profesionales de la salud. Entre quienes conocen la normativa, el porcentaje que considera que favorece la prescripción de fórmulas especiales ha aumentado del 38 al 49 por ciento. A pesar de ello, las familias aún pueden enfrentar esperas de hasta 30 días entre la aprobación y la entrega del tratamiento, lo que ha llevado a un creciente número de padres a formalizar reclamos ante negaciones.
“Ningún bebé debería depender de un abogado para acceder a la alimentación necesaria según la indicación médica. Sin embargo, esa es la realidad de miles de familias. La ley es clara, pero hay padres que aún deben reclamar o judicializar el derecho básico de sus hijos a alimentarse de acuerdo a lo prescripto por sus médicos”, manifestó el fundador de la Asociación Leches Medicamentosas, quien ofrece asesoramiento gratuito a las familias en esta situación.
La vivencia de esta problemática, cuando nació su hija, motivó al fundador a crear la asociación para apoyar a otras familias. “Los datos locales muestran que el desafío ya no radica en convencer sobre la importancia de la ley. Hoy existe conocimiento y consenso entre los profesionales de la salud y las familias. La tarea pendiente es garantizar un acceso oportuno, ya que cada día de demora para un bebé con APLV tiene consecuencias, sufrimiento y puede afectar su crecimiento”, concluyó.
