La resolución fue dictada por el juez Fabián Lorenzini, luego de que se agotaran las alternativas para alcanzar un acuerdo de reestructuración. Sin embargo, la quiebra no implica el cierre inmediato de las instalaciones. La Justicia analiza la posibilidad de mantener temporalmente la actividad para preservar el valor de los activos y facilitar una eventual venta de la empresa en funcionamiento.
Algodonera Avellaneda se encontraba en concurso preventivo desde 2024. Durante ese período, intentó reunir las mayorías necesarias para homologar una propuesta de pago y evitar la liquidación de su patrimonio. No obstante, el Banco Nación, principal acreedor de la firma, rechazó las ofertas por considerarlas insuficientes.
De acuerdo con el expediente, la entidad financiera reclama créditos por USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89, y concentra más del 80% de la deuda verificada. Una parte importante de las obligaciones se originó en garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda a Vicentin, la agroexportadora vinculada a integrantes de la misma familia.
El proceso de negociación atravesó varias prórrogas. En diciembre de 2025, Lorenzini extendió el período de exclusividad para alcanzar un acuerdo y volvió a ampliar los plazos en febrero de 2026. En julio habilitó una instancia extraordinaria para intentar reunir las conformidades exigidas por la legislación concursal, pero las conversaciones tampoco prosperaron.
Uno de los principales obstáculos fue la participación del Banco Nación en el cómputo de las mayorías. La empresa solicitó que la entidad fuera excluida de la votación, al considerar que actuaba como un acreedor hostil. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo el 14 de septiembre, lo que impidió avanzar con la propuesta original de reestructuración.
La última alternativa fue el procedimiento de salvataje, conocido como *cramdown*, que permite a terceros interesados, acreedores o cooperativas de trabajadores presentar ofertas para adquirir las acciones de la sociedad y proponer un nuevo acuerdo. El registro permaneció abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre, pero no se inscribieron interesados.
Ante la falta de oferentes y la imposibilidad de alcanzar las mayorías legales, el magistrado declaró la quiebra indirecta de la compañía. Según los fundamentos de la resolución, las alternativas disponibles se habían agotado y una nueva extensión del concurso podía agravar la situación financiera.
A las obligaciones con el Banco Nación se suma un importante pasivo generado durante el propio proceso concursal. La sindicatura informó deudas posconcursales por $6.818.717.040,87, correspondientes a compromisos acumulados durante 2025 y 2026. El monto incluye gastos de energía eléctrica, obligaciones impositivas, salarios y otros costos necesarios para sostener las operaciones.
La crisis financiera también afectó el funcionamiento de las plantas y el pago de los salarios. La empresa cuenta con una hilandería en Reconquista, Santa Fe, y dos instalaciones dedicadas al desmote de algodón, ubicadas en General Pinedo, Chaco, y Banderas, Santiago del Estero.
La planta de Reconquista trabaja aproximadamente al 60% de su capacidad mediante operaciones a fasón, una modalidad por la cual procesa materiales para terceros y genera ingresos para afrontar parte de sus obligaciones, incluidos los salarios. Aun así, los trabajadores atravesaron meses de dificultades para cobrar sus haberes.
El futuro de los cerca de 350 empleados constituye uno de los principales interrogantes tras la declaración de quiebra. El juez encomendó a la sindicatura evaluar si resulta conveniente mantener temporalmente la actividad industrial, con el objetivo de evitar una pérdida de valor de los activos y facilitar una eventual venta como empresa en marcha.
Para analizar esa posibilidad, los síndicos deberán presentar un plan operativo con una estimación de ingresos y egresos, la cantidad de trabajadores indispensables para sostener la producción y los mecanismos de control sobre los fondos generados. La Justicia deberá determinar si la continuidad resulta viable o si corresponde avanzar con la venta individual de los bienes y las unidades productivas.
La sentencia también dispuso medidas sobre el patrimonio y la administración de la sociedad. Con la quiebra, la empresa perdió el control administrativo de sus bienes, que quedaron bajo supervisión de los síndicos. El tribunal ordenó la incautación de instalaciones, establecimientos industriales, documentación y otros activos para avanzar con el procedimiento de liquidación.
Además, estableció la inhabilitación de la sociedad y de los integrantes de su directorio, junto con restricciones para que los administradores salgan del país sin autorización judicial durante el proceso.
El próximo paso será una audiencia convocada para el 22 de octubre, en la que participarán acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros actores vinculados con la actividad. Allí se analizarán las posibilidades de mantener la producción, las condiciones para sostener las instalaciones operativas y las alternativas para vender la compañía o sus unidades de negocio.
La audiencia será clave para definir cómo continúa el proceso y si Algodonera Avellaneda podrá conservar parte de su actividad industrial mientras avanza la liquidación judicial.
