La sentencia se conoció este miércoles durante una audiencia virtual. Las fiscales habían solicitado una pena de diez años de prisión, sin posibilidad de acceder al régimen domiciliario ni de ejercer cargos públicos. El proceso judicial había comenzado el 28 de septiembre.
La causa se originó en dos bloqueos sindicales que afectaron a Rey Distribución SRL, una empresa dedicada a la distribución de alimentos y bebidas que cuenta con 34 empleados en San Pedro. El primero ocurrió el 15 de enero de 2021, mientras que el segundo se extendió entre el 22 y el 25 de febrero del mismo año. Los propietarios denunciaron las medidas ante la Justicia y sostuvieron que habían sufrido extorsiones por parte de Cabaleyro y otros integrantes del sindicato desde 2017.
Al fundamentar la decisión, el tribunal consideró que los hechos acreditados no configuraban los delitos atribuidos y sostuvo que los acusados habían actuado en el marco del derecho de huelga. También concluyó que no se demostró que Cabaleyro fuera responsable de los cobros presentados como reiterados e indebidos, ni que hubiera extorsionado a los propietarios de la distribuidora durante el período comprendido entre 2017 y 2021.
El fallo también analizó uno de los pagos cuestionados en la causa y determinó que estaba relacionado con un acuerdo destinado a saldar deudas previas de la empresa, incluidos montos adeudados a por lo menos nueve empleados. Según la resolución, no se acreditó que la firma del convenio hubiera sido producto de coacciones o amenazas.
Además de Cabaleyro, fueron absueltos de los cargos de turbación de la posesión Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torres, Matías Torres, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, quienes también estaban involucrados en el expediente.
Los hechos investigados se remontan al período comprendido entre 2017 y 2021. La detención de Cabaleyro, en abril de 2022, desencadenó una protesta sindical que incluyó el bloqueo de accesos a San Nicolás y la interrupción del servicio de recolección de residuos. En ese momento, el dirigente se desempeñaba como concejal de esa ciudad por el Frente de Todos. Después de permanecer un año y medio detenido, llegó al juicio bajo arresto domiciliario.
La representación de los propietarios de la distribuidora había solicitado una condena de hasta 15 años de prisión y anticipó que recurrirá el fallo ante instancias judiciales superiores. Uno de los dueños de la empresa, Ariel Rey, es actualmente concejal de San Pedro. Fue elegido en 2025 por una lista de La Libertad Avanza y luego pasó a integrar el bloque independiente San Pedro Puede.
Por su parte, la defensa de Cabaleyro había solicitado la absolución al sostener que las acusaciones buscaban criminalizar la protesta social. También argumentó que uno de los pagos investigados, por $500.000, correspondía a una deuda de aportes y no a una exigencia extorsiva vinculada con la realización de un paro.
Cabaleyro, quien conduce la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio de Camioneros, recuperó así su libertad tras la decisión judicial. La parte querellante adelantó que buscará revertir el resultado del juicio mediante una apelación.
