La disposición ya está vigente y establece que las personas incluidas en el registro no podrán abrir ni conservar cuentas activas en las plataformas autorizadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA). Tampoco podrán realizar depósitos, efectuar apuestas o retirar dinero de esos servicios.
El alcance comprende los juegos de azar y de destreza que se encuentran bajo la jurisdicción de LOTBA. Para aplicar la medida, las empresas deberán consultar de manera automática y en tiempo real el RPAM antes de habilitar el registro de un nuevo usuario.
En caso de detectar que una persona incorporada al registro mantiene una cuenta activa, deberán suspenderla de inmediato y comunicar la situación tanto al RPAM como a las autoridades judiciales de la Ciudad. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en sanciones previstas en las regulaciones del sector y en los respectivos pliegos de concesión.
La medida fue presentada por el Gobierno porteño como parte de las acciones destinadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló que quienes adeudan obligaciones alimentarias ya tienen restricciones para ingresar a estadios y espectáculos masivos y sostuvo que la prohibición de apostar online suma una nueva consecuencia para quienes no cumplen con esas obligaciones.
Desde LOTBA, su presidente Jesús Acevedo vinculó la implementación de la normativa con las políticas de Juego Responsable y la protección de los menores. La regulación incorpora además el artículo 17 bis a la Ley N° 269, que estableció el registro de alimentantes morosos, y contempla disposiciones relacionadas con las consultas informáticas en tiempo real y la protección de datos personales.
Las restricciones para los deudores alimentarios no se limitan al juego online. También está prohibido su ingreso a eventos deportivos y espectáculos masivos mediante controles en los accesos. Desde la implementación de estas medidas, hace más de un año, se impidió el ingreso de 284 personas incluidas en el registro.
Actualmente, el RPAM reúne a unos 13.500 deudores alimentarios de la Ciudad y de las 14 provincias que firmaron convenios con Buenos Aires para integrar el sistema.
Además, en la Ciudad quienes figuran como morosos en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias enfrentan otras limitaciones: no pueden acceder a créditos, abrir cuentas bancarias ni tramitar licencias de conducir, con excepción de las licencias profesionales. También tienen impedimentos para postularse a determinados cargos públicos o judiciales.
