Este nuevo plan representa un cambio significativo en la política nuclear del país, marcando un hito en los 76 años de historia en este ámbito. Por primera vez, el Estado está convocando al sector privado para invertir en la industria, abarcando tanto la generación de energía como la fabricación de insumos, componentes y combustibles. El objetivo es que el Estado actúe como regulador y garante de las políticas, mientras que los actores privados, tanto nacionales como internacionales, asuman un rol protagonista en el desarrollo del sector.
La Secretaría de Asuntos Nucleares, liderada por Federico Ramos Nápoli, ha organizado el plan en cuatro objetivos principales, con la intención de aprovechar la capacidad tecnológica del país en un contexto donde el mundo vuelve a valorar el sector nuclear como una alternativa de generación energética limpia y más económica que los combustibles fósiles, especialmente en un momento marcado por el aumento de los precios del petróleo y gas debido a la situación geopolítica en Medio Oriente.
Este anuncio coincide con un creciente interés de empresas nacionales y estadounidenses en el sector nuclear argentino.
Como parte de esta colaboración, Argentina y Estados Unidos participaron del cuarto taller regional FIRST sobre tecnologías de energía nuclear, enfocado en compartir experiencias en regulación, seguridad y desarrollo de capacidades para la expansión de esta fuente de energía en América Latina.
Si bien las fuentes consultadas no ofrecieron cifras sobre las proyecciones de negocio ni sobre las exportaciones potenciales, se conocen varios proyectos en curso, que incluyen: La empresa Nano Nuclear Energy se asoció en marzo con la estatal Dioxitek para producir combustible a partir de uranio en la planta ubicada en Formosa, buscando invertir más de 230 millones de dólares en esta operación orientada a la exportación de combustible nuclear. Por otro lado, Meitner Energy colabora con la estatal rionegrina Invap en el desarrollo del reactor ACR-300, con miras también a la exportación.
Durante la Argentina Week de marzo en Nueva York, más de cincuenta empresas manifestaron su interés en el sector, especialmente en proyectos que contemplan la compra o asociación para el uso de las licencias nucleares de Impsa, la metalúrgica mendocina que fue la primera privatización durante la gestión de Javier Milei.
Las oportunidades también están siendo monitoreadas en relación con la posible exploración y explotación de uranio en regiones mineras de la Patagonia y Cuyo, impulsadas por la reciente aprobación de la Ley de Glaciares. Al mismo tiempo, se anticipa el lanzamiento de una licitación por parte del Gobierno para vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica, la empresa estatal responsable de las tres centrales nucleares en el país (Atucha I y II en Zárate, y Embalse en Córdoba).
En el plan estratégico, la Secretaría de Asuntos Nucleares recalca que la nueva política tiene como objetivo separar claramente la dirección política de la operación en el sector. Sin abandonar la disciplina fiscal, la dependencia dirigida por Ramos Nápoli subraya que en la política nuclear del gobierno de Milei, el Estado “conduce y asume las funciones del marco regulatorio independiente, las garantías soberanas asociadas a compromisos internacionales, la responsabilidad última en materia de seguridad nuclear y radiológica, y la conducción del sistema de formación especializada”.
“El conjunto de actividades restantes admite, y en muchos casos requiere, articulación con actores privados cuya eficiencia operativa, capacidad de gestión comercial y disponibilidad de capital complementan las funciones estatales. La incorporación de capital privado, gestión privada y modalidades de asociación público-privada debe entenderse como herramienta para llevar la capacidad técnica instalada a escala industrial sostenible”, se enfatiza en el plan.
Este nuevo enfoque no solo busca fomentar exportaciones de alto valor y garantizar la seguridad energética, sino también reafirmar a Argentina como líder regional en el área.
Se subraya en los principios del Plan Nuclear que “las experiencias internacionales más exitosas combinan rectoría pública estricta con eficiencia operativa privada, y no existe razón estructural por la cual Argentina deba renunciar a esa combinación”. En este sentido, el plan propone que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aporte investigación y desarrollo, mientras que las empresas aporten inversión y asuman riesgos.
Así, se visualiza que la experiencia y el conocimiento de la CNEA se integren de manera sinérgica con los recursos del sector privado para fortalecer cada etapa de la cadena nuclear en el país.
“El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente. La capacidad de diseño, operación, fabricación y producción está consolidada. Lo que el sector no ha logrado consolidar de manera equivalente es el marco institucional, comercial y de gestión que convierta esa capacidad técnica en industria a escala, en flujos de exportación sostenidos y en retorno verificable para el país que financió su construcción durante 75 años”, se concluye en el documento.
