Nicolás Trotta, exministro de Educación de la Nación y actual diputado, expresó su preocupación por las repercusiones del conflicto sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario”, comentó.
Trotta detalló que se han perdido “más de diez mil docentes investigadores, se han interrumpido procesos de creación de conocimiento y estudiantes han abandonado sus carreras universitarias”.
El acuerdo incluye un incremento del 21,3% que se aplicará en junio, seguido de un 3% adicional en octubre, además de un 20% en gastos de funcionamiento, una asignación de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las becas Progresar no están contempladas en este pacto. La negociación salarial se encuentra en un cuarto intermedio de 90 días, tras el cual el Gobierno se comprometió a reanudar las discusiones.
Esta decisión gubernamental se enmarca en el avance del conflicto con los sindicatos y el proceso judicial que se está llevando a cabo en la Corte Suprema. Desde el Gobierno afirman que este acuerdo representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Trotta subrayó que el Congreso ha validado esta norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo aún no la ha cumplido. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, afirmó.
El ex ministro resaltó que el acuerdo anunciado solo representa una mínima parte de los recursos estipulados en la legislación. “De los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”, explicó. Además, señaló que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Trotta también cuestionó la tardanza de la Corte Suprema en resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, aseguró.
Asimismo, considera que el proceso judicial no debería entorpecer la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, agregó.
El ex funcionario concluyó que esta resolución parcial no altera el panorama estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En este contexto, Trotta mencionó que muchos docentes están impulsando reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y solicitó una intervención más ágil de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Asimismo, destacó que el debate debe enfocarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, expresó.
Además, afirmó que la discusión involucra la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, sostuvo.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no resuelve el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, subrayó.
Respecto a la persistencia del conflicto, Trotta rechazó la noción de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, concluyó, y enfatizó que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una solución permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
