El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva avanzó en la discusión del proyecto del Súper RIGI. Sin embargo, persiste la incertidumbre acerca de la firma de los dictámenes. La próxima semana se llevará a cabo otra reunión informativa, tras la cual los diputados comenzarán a analizar el texto en busca de lograr un dictamen.
Dentro de la bancada oficialista, la diputada Silvana Giudici defendió el proyecto al señalar que tiene como objetivo “poner a la Argentina en el radar de las grandes inversiones del mundo”.
“Competir desde este último lugar en el mundo con países de economías desarrolladas que están atrayendo capitales de más de mil millones de dólares por proyecto es una oportunidad para que la Argentina vuelva a ser grande. Y se preguntan por el costo fiscal. ¿Costo fiscal de qué? Si eso hoy no existe en la Argentina. Es cero el costo fiscal porque no existe”, expresó la legisladora.
Giudici también criticó la actitud de la oposición durante las discusiones. “Por un lado, quieren hablar del RIGI, pero no quieren hablar del RIGI. Cuando uno les cuenta los 39 proyectos del RIGI y los 19 que ya están aprobados y funcionando, dicen: ‘No, no hablemos del RIGI, hablemos del Súper RIGI’. Y cuando hablamos del Súper RIGI, dicen que quieren saber sobre el compre local o el costo fiscal”, arguyó.
El plenario también recibió la participación de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras; Carlos Ormaechea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos; y Esteban Gramblicka, asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía.
Desde la UCR, el diputado Lisandro Nieri reiteró la urgencia de avanzar en una reforma impositiva que contemple la reducción de impuestos. “Los resultados de poner ciertos anabólicos en algunas industrias fueron positivos, como el RIGI. Entonces, ¿por qué no les ponemos ciertos anabólicos a las pequeñas, medianas y microempresas? El RIMI, insisto, se ha quedado a mitad de camino en las condiciones de inversión”, manifestó.
Por su parte, el diputado del MID, Eduardo Falcone, propuso modificar el proyecto oficial para permitir que las empresas adheridas al régimen reduzcan la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 20% o al 15%, siempre que destinen parte de sus inversiones a actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como a convenios con universidades y organismos científicos, financiamiento de Becas Manuel Belgrano y programas de fortalecimiento de proveedores locales.
“Desde el MID proponemos que la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% esté condicionada a que la empresa invierta en investigación y desarrollo local y aporte para financiar las Becas Belgrano, que promueven el acceso, avance y finalización de estudios de pregrado y grado en áreas clave para el desarrollo del país”, indicó Falcone.
Con este nuevo régimen, el Ejecutivo busca impulsar el desarrollo económico, aumentar las exportaciones de productos y servicios, así como fomentar la generación de empleo. Además, pretende coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades competentes en materia de recursos naturales, y potenciar las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
La iniciativa se encuentra orientada a captar inversiones significativas en sectores tecnológicos y actividades que actualmente carecen de desarrollo en el país, estableciendo un piso mínimo de inversión de 1000 millones de dólares.
El plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General también avanzó en el tratamiento del proyecto de Régimen de Gestión de Intereses, cuyo objetivo es garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad en las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales.
El proyecto de ley de lobby enfrentó críticas mayoritarias de representantes de ONG, asociaciones civiles y cámaras empresariales que advirtieron sobre la amplitud de algunas definiciones y el posible impacto en el derecho a la participación.
Entre los participantes se encontraba Alejandra García del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, quien planteó objeciones sobre la interpretación de “gestión de intereses”. Según indicó, “su redacción es tan amplia que comprende, literalmente, cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública. No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales”.
García también subrayó el impacto que la norma podría tener en el ejercicio profesional de los abogados. “El proyecto no distingue entre la gestión de negocios lícitos, que hacemos los abogados y abogadas de manera constitucional en defensa de los intereses de nuestros clientes, y cualquier otra actividad comercial. Además, penaliza con penas gravísimas omisiones formales como no estar inscripto en un registro”, afirmó.
Asimismo, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se rechazó la iniciativa, al advertir que el proyecto limita de manera irrazonable el derecho a la participación y petición, arguyendo que contiene definiciones vagas y obligaciones uniformes que podrían afectar particularmente a grupos vulnerables. También se destacó que no se establecen medidas para promover la igualdad y que se otorgan amplias facultades discrecionales a la autoridad de aplicación.
“Desde ACIJ creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y rechazarse toda iniciativa que, aun cuando trate sobre temas como el lobby, cuya regulación es legítima, pueda ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, afirmó Eduardo Ferreyra, codirector de la entidad.
El debate también contó con la participación de Alejandro Díaz, CEO de AmCham; Ángeles Naveyra, de la Fundación Barbechando; María Barón, de Directorio Legislativo; Pablo Secchi, de Poder Ciudadano; Andrés Napoli, de FARN; Gastón Wright, de Civic House; Santiago Rossi, del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación de la Argentina; Juan Pablo Zanetta, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Diego Buranello, de Círculo DirComs; Fernando Ruiz, de FOPEA; y Leandro Cahn, de Fundación Huésped, entre otros.
