La decisión se conoció a pocos días de la licitación prevista para avanzar con la venta de acciones del Estado en AySA. El esquema contempla que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores.
Según la normativa, la aprobación del plan resulta necesaria para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento a partir del 1° de enero de 2027.
Uno de los principales puntos definidos por el ERAS es el esquema de estabilidad tarifaria para el nuevo ciclo. El organismo estableció que el nivel tarifario vigente, determinado por un coeficiente K real de 1.877,6167, permanecerá constante en términos reales durante todo el período 2027-2031.
De esta manera, no están previstos nuevos aumentos reales durante el Primer Ciclo Tarifario. Las tarifas podrán actualizarse de acuerdo con la evolución de los precios contemplada por el esquema regulatorio, pero no se incorporarán incrementos adicionales por encima de la inflación reconocida.
El regulador también fijó la Base de Activos Regulatorios inicial en $790.074,6 millones. Ese valor representa la infraestructura e instalaciones utilizadas por AySA para prestar el servicio y será considerado para determinar las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada.
El plan aprobado establece cuatro áreas principales de trabajo: mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura. Sobre esos ejes se definirán las obligaciones que deberá cumplir la empresa durante los cinco años del ciclo.
La medida busca establecer un marco de previsibilidad para la operación de AySA mientras avanza el proceso de transferencia del control de la empresa al sector privado. El objetivo regulatorio es garantizar que el cambio en la composición accionaria no afecte la prestación del servicio en el área concesionada.
AySA continuará a cargo del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El esquema de concesión tendrá una duración de 30 años, con la posibilidad de una extensión por otros 10.
En una primera etapa, la transferencia contempla el 51% de las acciones que actualmente están en manos del Estado. Posteriormente, está prevista una oferta pública inicial para colocar otro 39% del capital en el mercado bursátil, mientras que el 10% restante permanecerá en poder de los trabajadores.
Los interesados en participar de la operación podrán presentar sus ofertas hasta el jueves 27 de agosto mediante la plataforma CONTRAT.AR. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día a las 10.
La aprobación del plan tarifario constituye uno de los elementos centrales para definir las condiciones económicas de la futura concesión. Para los potenciales compradores, el esquema establece las principales reglas bajo las cuales funcionará la compañía durante la primera etapa del proceso.
La resolución también fija los objetivos que AySA deberá cumplir para garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el AMBA, una de las áreas urbanas con mayor cobertura de estos servicios del país.
El proceso de transferencia es coordinado por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Con la aprobación del ERAS, el Ejecutivo llega a la etapa de presentación y apertura de ofertas con un marco tarifario, operativo y de inversiones definido para el período 2027-2031.
