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A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, el peronismo vuelve a reclamar que se investigue quién estuvo detrás del ataque

31 agosto, 2026
in Política
A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, el peronismo vuelve a reclamar que se investigue quién estuvo detrás del ataque
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A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, el peronismo prepara para este 1° de septiembre una jornada política destinada a volver a instalar el atentado en el centro de la agenda pública. La actividad incluirá la difusión de un documento firmado por partidos y espacios políticos cercanos a la expresidenta y una concentración frente al inmueble de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria a raíz de su condena en la causa Vialidad.

El documento será presentado en las próximas horas y se encuentra en proceso de definición y recopilación de adhesiones. La intención de los organizadores es que la representación sea institucional, a través de partidos y agrupaciones políticas, en lugar de reunir una gran cantidad de firmas individuales de dirigentes y legisladores.

El Partido Justicialista será uno de los principales impulsores de la convocatoria, mientras que también se prevé la participación de fuerzas aliadas y sectores que no integran formalmente la estructura del peronismo. Entre los espacios que podrían acompañar aparecen sectores vinculados con el radicalismo y dirigentes como Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno, además de agrupaciones que respaldan a Cristina Kirchner.

El eje del documento estará puesto en cuestionar el avance de la investigación sobre los posibles instigadores y financistas del ataque. La autoría material del intento de asesinato ya fue juzgada: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados por su participación en el atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de homicidio y a Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Luego de unificar las penas con condenas anteriores, las sanciones quedaron establecidas en 14 años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte. Ambos permanecen detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó a juicio, fue absuelto.

La sentencia todavía es objeto de revisión. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal y solicitaron que las penas fueran elevadas a 15 años para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte. También reclamaron que se incorporaran los agravantes de alevosía y violencia de género en un contexto de violencia política, planteos que no fueron admitidos por el tribunal oral.

El reclamo político que se busca instalar en el aniversario no estará centrado exclusivamente en quienes ejecutaron el ataque, sino en la posibilidad de que detrás de ellos haya existido una estructura más amplia. Cristina Kirchner y su defensa sostienen desde el comienzo del caso que la investigación no profundizó suficientemente las líneas destinadas a determinar si Sabag Montiel y Uliarte actuaron por cuenta propia o si existieron instigadores o autores intelectuales.

El documento también incluirá cuestionamientos vinculados con lo que los sectores cercanos a la expresidenta consideran una situación de persecución política y judicial.

La segunda actividad prevista para este martes será una concentración frente al domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución. El horario estimado es entre las 17 y las 18, aunque todavía restan definir algunos detalles. Está prevista la presencia de militantes, dirigentes políticos y personas que concurran de manera individual. También se analiza la posibilidad de que durante la concentración se lea el documento.

La elección del domicilio tiene además una dimensión política porque Cristina Kirchner ya no reside en el departamento de Recoleta frente al cual ocurrió el atentado. Actualmente cumple prisión domiciliaria en Constitución en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

De esta manera, la movilización reunirá dos reclamos que el kirchnerismo mantiene alrededor de la figura de la expresidenta: el esclarecimiento integral del atentado y el cuestionamiento a la situación judicial que atraviesa.

El ataque ocurrió el 1° de septiembre de 2022 frente al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, donde entonces vivía Cristina Kirchner. Durante los días previos se habían producido concentraciones de militantes y simpatizantes en el lugar, luego de que los fiscales de la causa por la obra pública de Santa Cruz solicitaran una pena de 12 años de prisión para la entonces vicepresidenta.

La noche del atentado, cuando Cristina Kirchner regresaba a su domicilio y se acercó a saludar a las personas que la aguardaban, Sabag Montiel se aproximó con una pistola Bersa calibre .32 y apuntó a pocos centímetros de su cabeza. El hombre accionó el arma, pero el disparo no se produjo.

El momento quedó registrado y permitió observar al atacante con el arma frente al rostro de la entonces vicepresidenta, antes de que fuera reducido por las personas que se encontraban en el lugar.

El arma tenía cinco proyectiles en el cargador, aunque no contaba con una bala en la recámara. Sabag Montiel fue detenido inmediatamente y, días después, también fue arrestada Brenda Uliarte, quien era su pareja en ese momento.

La investigación sobre los teléfonos de los acusados, sus comunicaciones y sus movimientos permitió establecer elementos vinculados con la planificación del ataque. Durante el juicio oral, Sabag Montiel reconoció haber intentado asesinar a Cristina Kirchner.

El expediente había involucrado inicialmente a otras personas, entre ellas Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Gabriel Carrizo, relacionado con el grupo de vendedores de copos de azúcar conocido como “la banda de los copitos”. Díaz quedó finalmente fuera del juicio, mientras que Carrizo fue juzgado junto con Sabag Montiel y Uliarte y terminó absuelto.

El juicio oral comenzó el 26 de junio de 2024 ante el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Cristina Kirchner declaró como víctima el 14 de agosto y sostuvo que la investigación había concentrado su atención en los autores materiales sin avanzar lo suficiente sobre la posibilidad de que existiera una organización detrás del ataque.

El proceso se extendió durante más de quince meses y concluyó en octubre de 2025 con las condenas de Sabag Montiel y Uliarte y la absolución de Carrizo. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad de Sabag Montiel en el intento de homicidio y estableció que Uliarte tuvo una participación necesaria en la planificación.

Sin embargo, la investigación sobre una eventual estructura detrás de los autores materiales no derivó hasta el momento en pruebas concluyentes que permitan sostener la existencia de una organización político-económica responsable de ordenar o financiar el ataque.

Entre las líneas investigadas estuvo la denominada “pista Milman”. La hipótesis surgió a partir de un testimonio según el cual el entonces diputado Gerardo Milman habría realizado comentarios en un bar días antes del atentado que podían interpretarse como un conocimiento previo de lo que iba a suceder.

La Justicia confirmó que Milman estuvo en ese lugar, pero no logró acreditar la frase atribuida ni establecer una conexión entre el exdiputado y la planificación del atentado.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó esa línea de investigación en octubre de 2025. La decisión fue posteriormente ratificada y, en junio de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner para llevar esa cuestión ante la Corte Suprema.

También se investigaron posibles vínculos entre los acusados y Revolución Federal, agrupación que había protagonizado protestas y distintas acciones contra dirigentes del Gobierno durante ese período. El expediente incluyó además averiguaciones sobre el financiamiento de ese espacio, aunque no se obtuvo evidencia concluyente que permitiera vincular esos fondos con el intento de asesinato.

Hasta el momento, la investigación judicial no estableció la existencia de una estructura política o económica que hubiera respaldado el atentado. Cristina Kirchner y su defensa cuestionan esa conclusión y sostienen que la ausencia de pruebas sobre posibles instigadores no demuestra necesariamente que no hayan existido, sino que podría responder a una investigación que consideran incompleta.

Ese reclamo será uno de los ejes de las actividades previstas para este martes, cuando, a cuatro años del intento de asesinato, el peronismo vuelva a poner en discusión tanto las condenas contra los autores materiales como las preguntas pendientes sobre una eventual trama detrás del ataque.

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