Neuquén registra la factura más elevada, con $160.311 mensuales para el usuario de referencia. Le siguen Río Negro, con $134.082, y Santa Fe, con $125.810. También se ubican por encima de los $100.000 Chubut, con $123.250; Salta, con $116.467; Mendoza, con $112.374; Córdoba, con $108.354; y Jujuy, con $101.374.
En la provincia de Buenos Aires, el costo depende de la distribuidora que presta el servicio. Los usuarios de Edesur pagan $111.236 para el consumo considerado, mientras que los de Edenor abonan $107.152. En cambio, las facturas de Edea y Edelap se ubican en $96.084 y $86.280, respectivamente.
Otras jurisdicciones se encuentran cerca de ese umbral. Entre Ríos registra una factura de $99.794, mientras que en Misiones alcanza los $97.914. El promedio nacional para un hogar sin subsidios es de $95.641 mensuales, frente a los $63.332 que pagan, en promedio, los usuarios que reciben asistencia sobre el precio mayorista de la energía. De esta manera, la factura sin subsidios resulta aproximadamente 1,5 veces más elevada que la subsidiada.
Las diferencias entre regiones son significativas. El reporte ubica en $58.864 la factura más baja de su comparación, correspondiente a Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el valor de Neuquén es más de 2,7 veces superior.
Sin embargo, el IIEP advierte que las diferencias no pueden atribuirse únicamente al precio de la energía. La estructura de distribución, los marcos regulatorios y los impuestos también inciden en el costo final. En el sector conviven empresas provinciales, compañías privadas y cooperativas, sujetas a regulaciones nacionales, provinciales y municipales.
El incremento de las facturas se relaciona con la reducción de los subsidios estatales y la actualización de las tarifas. Según el informe, hasta diciembre de 2023 los precios habían quedado rezagados frente a la inflación y el Estado cubría una parte de la diferencia mediante transferencias al sistema energético.
En moneda de octubre de 2026, los subsidios económicos acumulados durante doce meses alcanzaron un máximo de $40,5 billones en junio de 2022, considerando los sectores de transporte y energía. En diciembre de 2023 sumaban $27 billones, mientras que actualmente se ubican en $10,4 billones. Esto representa una reducción del 74% respecto del máximo y del 61% frente al nivel de fines de 2023.
En el AMBA, la tarifa eléctrica sin subsidios aumentó un 387% desde diciembre de 2023, frente a una inflación estimada del 261% para el mismo período. En la comparación interanual, el incremento de la electricidad alcanzó el 49%, mientras que el índice general de precios avanzó un 33%.
No obstante, durante los primeros meses de 2026 la dinámica fue diferente. La electricidad acumuló una suba del 11%, por debajo de la inflación estimada del 26,1% para el período. Esto indica que una parte importante del aumento interanual se había producido antes de enero.
El IIEP atribuye parte de la evolución de las tarifas a la actualización del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y a los criterios utilizados para cubrir los costos del sistema. Los hogares que no reciben subsidios pagan el 100% del precio de referencia mayorista, establecido en $86.474 por megavatio hora (MWh). Ese valor equivale al 75% del costo estimado del mercado mayorista, de $115.650. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el precio de referencia aumentó un 7%.
Pese a la reducción general de los subsidios, el Estado continúa destinando recursos al sistema energético. En lo que va de 2026, los subsidios al sector aumentaron un 8% en términos reales, mientras que las transferencias a Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, crecieron un 26% real. El informe relaciona estos incrementos con el mayor costo de la energía despachada durante el invierno, que se apartó considerablemente de las estimaciones iniciales.
La composición de las facturas también explica parte de las diferencias regionales. En promedio, para un usuario residencial sin subsidios, el 33% del importe corresponde a la energía, el 41% al Valor Agregado de Distribución (VAD) y el 25% a impuestos. El VAD es el componente que reciben las distribuidoras para operar y mantener las redes eléctricas y uno de los factores que más varía entre jurisdicciones.
En Neuquén, la energía representa el 20% de la factura, el VAD el 50% y los impuestos el 30%. En el área de Edenor, en cambio, los componentes equivalen al 54%, el 24% y el 21%, respectivamente. En Mendoza, la energía representa el 28%, la distribución el 39% y los impuestos el 33%. En Santa Fe, la carga impositiva llega al 34%.
El observatorio señaló que los aumentos del VAD avanzan a ritmos diferentes según la provincia y que algunas jurisdicciones todavía están adaptando sus cuadros tarifarios al nuevo esquema de subsidios. También mencionó diferencias en las características de las redes, la frecuencia de actualización de los costos, las cargas impositivas y las particularidades regulatorias como factores que explican la dispersión de las tarifas.
De esta manera, el costo de la electricidad no depende únicamente del consumo de cada hogar, sino también de su ubicación, la distribuidora que presta el servicio y el nivel de asistencia estatal que recibe. El resultado es un escenario en el que una misma cantidad de energía puede generar facturas muy diferentes según la jurisdicción.
