La causa busca determinar si existieron tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales. La investigación contempla posibles infracciones a la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, además de eventuales delitos ambientales, infracciones aduaneras y maniobras de lavado de activos.
Stornelli solicitó al Gobierno nacional toda la documentación vinculada con la denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, para incorporarla al expediente que tramita ante el juez federal Julián Ercolini.
Uno de los antecedentes centrales de la investigación está relacionado con Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company. Según la denuncia incorporada a la causa, esa empresa habría desarrollado actividades hidrocarburíferas en áreas próximas a las Islas Malvinas desde al menos 2012 sin contar con autorización argentina.
En ese sentido, el expediente toma como antecedente la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía, mediante la cual el Estado argentino declaró ilegales las actividades de Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina. Al año siguiente, la Resolución 457/2013 dispuso su inhabilitación por 20 años para operar en el país, debido a que había desarrollado actividades sin la autorización correspondiente y sobre la base de licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas.
A partir de esos antecedentes, el fiscal planteó que los hechos investigados podrían encuadrar, en principio, en las conductas previstas por la Ley 26.659, sin descartar otras figuras penales que puedan surgir durante la instrucción.
La pesquisa pretende determinar no solamente qué compañías participaron del proyecto Sea Lion, sino también cómo está conformada su estructura societaria y quiénes pudieron haber aportado asistencia, logística o financiamiento. En esa línea, Stornelli pidió avanzar sobre accionistas, directorios y sociedades vinculadas para establecer eventuales responsabilidades individuales.
También está previsto solicitar información al Reino Unido mediante un exhorto, con el objetivo de obtener datos societarios de Desire Petroleum Limited y Desire Petroleum Public Limited Company. El pedido incluiría la composición de sus directorios desde 2012 y documentación relacionada con las licencias hidrocarburíferas utilizadas durante ese período.
En una etapa posterior, la investigación podría incorporar información bancaria sobre las operaciones comerciales y sobre las personas que hayan actuado en nombre o beneficio de las empresas involucradas. El objetivo es reconstruir el esquema empresarial y financiero relacionado con las actividades bajo investigación.
La causa quedó radicada en la Justicia Federal de Comodoro Py y contempla, además de las posibles infracciones vinculadas con la Ley 26.659, la eventual existencia de delitos ambientales, aduaneros y de lavado de activos. Las responsabilidades penales, así como la eventual aplicación de sanciones, deberán determinarse a partir de las pruebas que se incorporen durante el proceso.
La nueva etapa de la investigación se produjo después de la cadena nacional de Javier Milei y de la publicación del Decreto 868/2026, que modificó aspectos vinculados con la aplicación de la Ley 26.659, vigente desde 2011 y destinada a regular la actividad hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina.
