La medida fue formalizada mediante la Resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, que suspendió hasta fin de año la aplicación de dos artículos del reglamento general del programa. El objetivo, según establece la normativa, es evitar que las modificaciones afecten las trayectorias educativas de los alumnos que actualmente reciben la asistencia.
El programa depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y consiste en una ayuda económica mensual destinada a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que concurren a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. El beneficio equivale al 50% del valor del arancel de jornada simple de cada institución, sin contemplar actividades extracurriculares.
Para acceder al programa, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. En agosto, ese límite equivale a $2.636.200.
Durante 2026 fueron adjudicados 490.553 vouchers educativos, mientras que en 2025 la cantidad de beneficiarios había alcanzado los 504.808 estudiantes de los tres niveles.
Los artículos suspendidos establecían condiciones específicas frente a la falta de pago de las cuotas escolares. Uno de ellos obligaba a las instituciones a informar mensualmente la nómina de beneficiarios que registraran deudas y determinaba que, ante la falta de pago de dos cuotas, el voucher debía suspenderse hasta que la situación fuera regularizada. Una vez cancelada la deuda, el beneficio podía recuperarse de manera retroactiva.
El segundo artículo establecía el cese definitivo de la prestación cuando el beneficiario acumulaba tres o más cuotas escolares impagas.
Con la suspensión de ambas disposiciones, durante el resto de 2026 la acumulación de cuotas adeudadas no podrá provocar la suspensión ni la cancelación del voucher educativo. De esta manera, las familias que actualmente reciben la asistencia podrán conservarla aunque mantengan una situación de morosidad con la institución educativa.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la decisión no implica una flexibilización de los requisitos para acceder al programa y desvincularon la medida de un incremento significativo de la morosidad. Según los datos oficiales, el nivel registrado es inferior al 9%.
El Gobierno explicó que se encuentra trabajando en modificaciones a la reglamentación para el próximo ciclo lectivo y que, para evitar que esos cambios afecten durante 2026 a los estudiantes que ya reciben la asistencia, resolvió suspender la aplicación de los dos artículos.
El nivel de morosidad, sin embargo, es señalado como una preocupación por el sector de la educación privada. Según un relevamiento correspondiente a junio, la deuda promedio en las cuotas alcanzó el 11%, por encima de los niveles habituales de entre 3% y 4% y también superior al registro de 2022, cuando había llegado al 10%.
Entre los factores que afectan a las instituciones aparecen la caída de la cantidad de alumnos, especialmente en jardines, salas maternales y el nivel inicial, y el incremento de los costos de funcionamiento. La situación también presenta diferencias según la jurisdicción, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires.
Desde el sector educativo privado también se plantearon modificaciones al programa. Entre ellas, ampliar el acceso a instituciones que reciben menos del 75% de aporte estatal, actualizar los montos de los beneficios y modificar el mecanismo de pago para que los fondos sean transferidos directamente a las escuelas.
La suspensión de los dos artículos tendrá vigencia hasta finales de diciembre de 2026. A partir del próximo ciclo lectivo, el Gobierno prevé implementar cambios en la reglamentación del programa.
