“Lo fundamental fue avanzar con la agenda de Javier Milei”, señaló un senador oficialista tras la aprobación del proyecto. La propuesta finalmente no incluyó modificaciones a la Ley de Tierras Rurales y tampoco incorporó cambios en la Ley de Manejo del Fuego, medidas que habían generado diferencias entre distintos bloques.
El debate fue iniciado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, quien explicó que el objetivo de la iniciativa es modificar procedimientos vinculados a la propiedad privada y acelerar determinados procesos, en línea con lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que la iniciativa busca reforzar el cumplimiento de las normas vinculadas a la propiedad privada y afirmó que “la era en la que el usurpador tenía más derechos que el propietario ha terminado”.
Por su parte, el senador neuquino Pablo Cervi destacó la importancia de contar con reglas claras y mayor seguridad jurídica para generar confianza en quienes buscan invertir y producir.
Para facilitar la aprobación, el oficialismo decidió retirar el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego y previamente había acordado dejar fuera las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales. De esta manera, logró conservar el respaldo de sectores aliados.
Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvieron integrantes del PRO, la UCR y bloques provinciales vinculados a gobernadores. También apoyaron el proyecto legisladores de distintos espacios provinciales.
Durante la sesión se produjo un cruce luego de que un senador oficialista presentara una cuestión de privilegio contra una legisladora del kirchnerismo. El planteo generó malestar entre algunos sectores dialoguistas, que posteriormente rechazaron el capítulo vinculado al Manejo del Fuego.
Desde el bloque justicialista cuestionaron la iniciativa. Un senador opositor sostuvo que el debate debería centrarse en el acceso a la propiedad para sectores vulnerables y advirtió sobre posibles efectos vinculados al patrimonio nacional.
Otro integrante de esa bancada cuestionó que se avanzara con el tratamiento de un proyecto sin dictamen y afirmó que la propuesta afecta la soberanía, el federalismo y las economías regionales.
También expresó reparos una senadora vinculada al oficialismo provincial salteño, quien consideró que las modificaciones introducidas no alcanzaron para respaldar la iniciativa y sostuvo que todavía existían aspectos técnicos y conceptuales que debían revisarse.
El bloque Convicción Federal también rechazó el proyecto. Uno de sus integrantes cuestionó las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que la propiedad privada también incluye los ingresos de los trabajadores.
Desde la UCR, un senador manifestó su rechazo a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego al considerar que podrían afectar la protección de bosques, humedales y zonas productivas. Además, anticipó que esas modificaciones podrían ser cuestionadas en la Justicia.
Entre los principales cambios que incorpora la iniciativa se encuentra una reforma a la Ley de Expropiaciones. El proyecto mantiene la posibilidad de declarar la utilidad pública, pero establece que esa herramienta debe aplicarse de manera restrictiva y con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En materia de indemnizaciones, se establece que deberá contemplarse el valor objetivo del bien y el valor de mercado cuando sea posible determinarlo, además de incorporar el lucro cesante.
El proyecto también modifica aspectos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales, estableciendo procedimientos más breves y concentrados.
Además, introduce cambios al régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri. La modificación reemplaza el límite temporal vigente por un criterio basado en la acreditación de una posesión pacífica y continua durante los diez años anteriores a la presentación del pedido.
Otro de los cambios alcanza a los registros de propiedad inmueble, al reconocer la presentación de documentos digitales y exigir firma digital tanto para las solicitudes como para los instrumentos registrables.
Durante la sesión también se debatió la situación de dos senadores que habían solicitado autorización para participar de manera remota debido a cuestiones personales. Finalmente, el Senado resolvió que el tratamiento del voto no presencial sea analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La sesión fue presidida por el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a la ausencia del presidente Javier Milei, quien se encontraba de viaje. La vicepresidenta Victoria Villarruel había emitido una resolución relacionada con la participación remota de los legisladores, pero quedó supeditada a la aprobación del cuerpo.
Finalmente, el Senado acordó abrir el debate sobre una eventual modificación del reglamento para habilitar el voto remoto, una medida que requeriría una mayoría especial para su implementación.
