Los decretos 407 y 408, emitidos la semana pasada, establecieron regulaciones clave para la reforma laboral que busca descentralizar la negociación colectiva, fomentar convenios específicos por empresa y reducir las contribuciones a los sindicatos. Según confirman fuentes de la Secretaría de Trabajo, se espera que este mismo semana se lleve a cabo la convocatoria oficial a distintas partes involucradas en más de un centenar de sectores.
El Gobierno tiene como objetivo capitalizar la eliminación de la denominada ultraactividad de los convenios. Anteriormente, estos acuerdos colectivos se mantenían vigentes sin necesidad de ratificación, pero la normativa establecida en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral ahora permite a la Secretaría de Trabajo convocar a las partes para renegociar estos acuerdos al cumplirse un año de su vencimiento, lo que abre la posibilidad de revisar una gran cantidad de actividades sin prórrogas automáticas.
La Ley 27.802, promulgada en marzo, puso fin a la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios, que regulan la relación entre empresas y sindicatos. Sin embargo, asesores de empresas señalan que los empleadores podrían utilizar esa herramienta como un mecanismo de negociación para revisar cláusulas normativas como condiciones laborales y salarios. Este es un punto de vista que también comparten los abogados que asesoran a la CGT y a los principales sindicatos.
Dentro de algunas cámaras del Grupo de los Seis -que incluye a la UIA, Comercio, Construcción, Bancos, Sociedad Rural y Bolsa de Comercio- se admite que los cambios buscan “negociar los convenios a la baja” y desmantelar el esquema de financiación sindical, especialmente los aportes y cuotas solidarias. “Son costos que el Gobierno considera superfluos al entender que refuerzan a los sindicatos como instituciones”, afirman.
Desde la CGT se argumenta que el decreto reglamentario presenta “contradicciones” y que la presión proviene de ciertos sectores empresariales. Alertan que si se abren todos los convenios, existe un alto riesgo de conflictos. Además, generó malestar la creación de un límite para las retenciones a los trabajadores en relación a los aportes solidarios, ya que la Ley de Modernización Laboral fija un tope del 2% sobre todas las remuneraciones, mientras que la reglamentación lo reduce al 2% de los salarios básicos, cifras mucho más bajas.
El objetivo del Gobierno es que los sindicatos discutan cambios significativos, como la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y la eliminación del pago de horas extras (banco de horas) y la vinculación de salarios a la productividad, en un contexto de cierre de empresas. Recientemente, Granja Tres Arroyos, la mayor firma avícola del país, cerró su planta en Entre Ríos, y el sindicato del neumático planea movilizarse este miércoles a Plaza de Mayo en protesta por los cierres, incluido el de FATE.
El Gobierno argumenta que el nuevo marco busca fomentar el empleo formal, una meta que hasta ahora no ha alcanzado. A pesar de la aprobación de la Ley de Bases en julio de 2024, que eliminó sanciones y multas para empresas que no registraban a sus empleados, la tasa de empleo informal se situó en un 43% a finales de 2025, afectando a unos 9 millones de trabajadores. En contraste, durante dos años se han perdido más de 200,000 puestos de trabajo formales, mientras que los empleos no registrados se incrementaron en 330,000.
En este contexto, según el asesor empresarial Héctor García, “hay sectores que están empezando a redistribuir horas de trabajo, en algunos casos junto con la negociación salarial”. Carlos Echezarreta, abogado de varias cámaras privadas, menciona que “serán muchos los convenios que se renegociarán, y será un gran desafío para las representaciones y los ámbitos”. Desde la UIA, se anticipa que “probablemente habrá conflictos en los convenios que establecen pautas salariales para seis meses más”.
Para facilitar este avance, la clave diseñada por Federico Sturzenegger consiste en descentralizar la negociación colectiva. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó la semana pasada que Argentina heredó un sistema laboral del peronismo que se asemeja al “fascismo” italiano, con convenios únicos a nivel nacional. Sin embargo, ahora “se podrá hacer un convenio por provincia, región o empresa, lo que prevalecerá sobre el resto”.
El artículo 5 del decreto 407 exige una representación empresarial mayoritaria por actividad, con un mínimo del 10% de los trabajadores del área, y permite una representación por jurisdicción, limitándose a dos en casos excepcionales. De esta manera, si los empleadores no pueden formar una unidad de negociación a nivel nacional, sólo podrán negociar convenios a nivel de empresa, lo que podría llevar a un “vaciamiento” de las cámaras empresariales.
“Se pueden forzar modificaciones en los convenios de actividad a nivel nacional, dividiéndolos y llevándolos a nivel de empresa, para reducir el poder de los sindicatos”, explicó en privado un asesor laboral de una de las cámaras del G6, donde también se señala que el Gobierno busca “desmantelar” algunas estructuras empresariales a nivel nacional. Ante posibles cambios en el convenio, el sindicato de la Alimentación ha advertido que recurrirá a la judicialización.
No obstante, será complejo determinar la cantidad de trabajadores en las distintas áreas y territorios, ya que muchas empresas no están asociadas a una cámara o asociación. En el sector Comercio se cumpliría el mínimo del 10%, pero los supermercados fomentan una fragmentación. En el ámbito de propaganda médica, existen tres cámaras (CAEME, CILFA y Cooperala). “Implementar esa intención será un verdadero desafío”, concluyó Javier Fernández Verstegen, abogado de Brons & Salas.
