La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina han puesto en marcha hoy un operativo de seguridad en el centro porteño con el fin de gestionar el tránsito durante la Quinta Marcha Universitaria Federal, que se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación. Este operativo incluye cortes totales en varias esquinas de la zona, específicamente en: Avenida Rivadavia y Avenida Entre Ríos; Avenida Entre Ríos y Alsina; Hipólito Yrigoyen y 10 de Diciembre; así como Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos. También se han establecido desvíos en distintas intersecciones, que abarcan: Avenida Rivadavia y 10 de Diciembre, Avenida Entre Ríos y Avenida Belgrano, Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia. En el operativo participan de manera coordinada efectivos de ambas policías y agentes de la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Tránsito. La marcha convoca a estudiantes, docentes y autoridades universitarias que buscan visibilizar la necesidad de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha convocado a sus integrantes a reunirse en Plaza Houssay desde las 13 horas, para marchar hacia el Congreso a partir de las 14 horas, donde a las 16 horas está previsto el acto central. En la etapa previa a la movilización, diversas facultades han cerrado calles y realizado clases públicas. En particular, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se llevaron a cabo protestas que interrumpieron el tránsito en Puan y Rivadavia, mientras que para la tarde se anticipan manifestaciones en Paseo Colón, Callao y Corrientes. Asimismo, provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Salta y Jujuy han organizado concentraciones locales para respaldar el reclamo a nivel federal. Además, el conflicto se intensificó en la antesala de la movilización, cuando el juez Martín Cormick impuso sanciones económicas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que exige la actualización de salarios y becas universitarias. Cormick estableció un apercibimiento de $100.000 diarios al funcionario, indicando que “atento el incumplimiento verificado”, esta fue su decisión en el fallo correspondiente. Esta medida se suma a la declaración de inconstitucionalidad respecto a un tramo del Decreto N.º 759/2025, que el Poder Ejecutivo utilizó para frenar la implementación de la ley aprobada por el Congreso.









