En un paso decisivo hacia la reducción de los denominados “costos argentinos”, el Poder Ejecutivo ha puesto en marcha una reforma estructural sobre los servicios de practicaje y pilotaje. La medida, que busca transformar las vías navegables en verdaderos corredores de competitividad, elimina regulaciones históricas que encarecían la logística del comercio exterior, permitiendo una mayor apertura del mercado y libertad de contratación.
Fin de las barreras regulatorias
A través del Decreto 690/2026, el Gobierno nacional aprobó un nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales. Esta normativa, impulsada bajo la órbita del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se centra en desmantelar requisitos obsoletos que, hasta hoy, limitaban el ingreso de nuevos actores y mantenían un sistema de cuotas de mercado artificiales.
Detalles clave de la reforma
La reforma introduce cambios técnicos fundamentales para asegurar la transparencia y la eficiencia operativa:
- Registro Abierto: La Prefectura Naval Argentina mantendrá un listado de profesionales habilitados sin cupos ni límites cuantitativos, fomentando la libre oferta.
- Control Tarifario: La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tendrá la facultad de fijar tarifas máximas. Estas deberán integrar la totalidad de las tareas, prohibiendo el cobro de adicionales no autorizados que anteriormente inflaban los costos finales.
- Flexibilidad Operativa: Se habilita el transporte de prácticos en embarcaciones comerciales que cumplan con estándares de seguridad, optimizando los recursos disponibles.
- Estándares Internacionales: Se simplifican las exenciones y se reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de zona y dominio del inglés, alineando al país con las prácticas globales de navegación.
La visión de Sturzenegger: Hacia una “autopista de desarrollo”
Para el Ministro Sturzenegger, la situación previa representaba un “kiosco regulatorio” que asfixiaba el potencial exportador. El funcionario enfatizó que el sistema anterior utilizaba la segmentación geográfica como una herramienta para obligar a los usuarios a contratar múltiples servicios en un mismo recorrido, encareciendo artificialmente la cadena logística.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo”, afirmó el ministro, destacando que para acotar la contratación de servicios innecesarios se han ampliado las dimensiones de los buques para los cuales el practicaje es obligatorio, definiendo incluso áreas enteramente libres de esta exigencia.
Con esta nueva normativa, las empresas prestadoras no solo enfrentarán una competencia real, sino que estarán obligadas a publicar sus precios y reportar sus operaciones periódicamente. El objetivo final es claro: que el comercio exterior argentino deje de pagar el costo de una regulación ineficiente y comience a competir en igualdad de condiciones en el mercado global.
