La iniciativa obtuvo 33 votos a favor y uno en contra, correspondiente al senador Dugar Chappel, del Partido Verde. En la instancia anterior, el proyecto había recibido 44 votos afirmativos y ninguno negativo.
El objetivo es facilitar la reestructuración de deudas en un contexto de aumento de la morosidad en la provincia. Según datos oficiales, alrededor de un tercio de las familias mendocinas que tienen créditos registra algún nivel de atraso. El universo alcanza a unos 271.000 deudores sobre un total de 870.000 créditos.
La ley establece que todas las operaciones de refinanciación alcanzadas por sus disposiciones quedarán exentas del Impuesto de Sellos. Además, las entidades que ofrezcan nuevas condiciones de pago podrán acceder a una alícuota del 5% en Ingresos Brutos cuando cumplan determinados requisitos.
Entre esas condiciones se encuentra que la refinanciación tenga una Tasa Nominal Anual de hasta el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
La norma define como refinanciación a las operaciones mediante las cuales el acreedor modifica las condiciones de pago de una deuda existente. Los cambios pueden involucrar plazos, cantidad de cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, siempre que tengan como finalidad reducir la carga financiera del deudor o facilitar la recuperación del crédito.
También quedan comprendidas las operaciones que permitan utilizar un nuevo crédito para cancelar una deuda mantenida con otro acreedor. En cambio, la ley excluye de este concepto las cesiones, ventas, securitizaciones y transferencias de carteras de deudores a terceros.
El régimen tendrá vigencia inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026. A su vez, el Poder Ejecutivo provincial contará con la posibilidad de extenderlo por un período adicional de hasta seis meses.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló que el saldo promedio de las deudas en mora alcanza aproximadamente $1,1 millones por familia y $2,8 millones por empresa. En esos montos se incluyen obligaciones con bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales, aunque las deudas de mayor volumen corresponden al sistema bancario.
Dentro del universo de unos 270.000 individuos con dificultades para cumplir con sus obligaciones, aproximadamente la mitad se encuentra en situación 5, considerada “irrecuperable”, con atrasos superiores a los 360 días.
Por otra parte, cerca de 100.000 deudores acumulan entre 30 y 180 días de mora. Ese grupo es considerado por el Gobierno provincial como el que presenta mayores posibilidades de resolver su situación mediante mecanismos de refinanciación.
