Para el resto de los imputados, la querella pidió cuatro años de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación.
El alegato de la UIF se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal 5 y estuvo a cargo de su representación legal. La exposición se extendió durante más de tres horas y los pedidos de pena coincidieron con los formulados previamente por la fiscalía.
Durante la etapa de acusación, se sostuvo que existió un esquema organizado entre organismos del Estado nacional y los responsables del programa habitacional para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Con la presentación de la UIF concluyó la etapa de acusaciones del juicio. A partir de la próxima semana comenzarán los alegatos de las defensas, que se extenderán hasta fines de agosto. El tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, prevé emitir el veredicto entre septiembre y octubre.
La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos asignados al programa Sueños Compartidos entre 2005 y 2011. Según la acusación, los recursos fueron transferidos mediante adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba el proyecto de construcción de viviendas.
La investigación señala que entre 2008 y 2011 se habrían desviado más de 206 millones de pesos de los aproximadamente 900 millones asignados por el Estado nacional a la Fundación durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación; Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Abel Fatala, exsubsecretario del área; y exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.
Según la acusación, De Vido, López y Fatala están señalados como presuntos coautores, mientras que los hermanos Schoklender fueron considerados partícipes necesarios. En tanto, Daniel y Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin fueron ubicados como presuntos partícipes secundarios.
La fiscalía sostuvo que los imputados habrían utilizado la estructura de la Fundación para evitar controles estatales, otorgar beneficios irregulares a administradores, modificar obras sin justificación y extender plazos de ejecución fuera de los procedimientos previstos.
De acuerdo con la investigación, las presuntas irregularidades en las contrataciones alcanzaron proyectos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, municipios bonaerenses como Tigre, Almirante Brown y Ezeiza, además de localidades de Santa Fe, Rosario y San Carlos de Bariloche, y provincias como Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
Tras la presentación de la UIF, el proceso continuará con los alegatos de las defensas. Luego, el tribunal deberá deliberar y dictar sentencia.
