Durante la reunión, representantes de la Iglesia presentaron ante las autoridades sanitarias un documento con propuestas e inquietudes vinculadas con la atención de la discapacidad. Desde el Episcopado destacaron que el encuentro permitió abrir una instancia de diálogo institucional y expresaron su expectativa de que el intercambio permita avanzar en respuestas para las problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.
La delegación eclesiástica estuvo encabezada por el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, y contó con la participación de Fernando Barilatti, secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Bayá Casal, coordinadora del Área de Discapacidad.
Por parte del Ministerio de Salud participaron Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa; y Roberto Moro, secretario de la Sedronar. Los funcionarios recibieron las propuestas planteadas por la Comisión de Pastoral Social para analizarlas en el marco de las competencias de la cartera.
Desde el Episcopado señalaron que las familias y las instituciones vinculadas con la discapacidad atraviesan una situación particularmente compleja y remarcaron la necesidad de colocar a las personas con discapacidad y a quienes las acompañan en el centro de las políticas de atención.
Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron sostener un canal de diálogo institucional para dar continuidad al intercambio y abordar los temas relacionados con el Ministerio de Salud. La mesa tendrá como objetivo avanzar en la búsqueda de respuestas frente a las distintas dificultades que atraviesa el sector.
La preocupación de la Iglesia por la situación de la discapacidad se remonta a 2025. En mayo de ese año, la Comisión Ejecutiva del Episcopado había advertido sobre las dificultades de acceso a servicios de salud, rehabilitación, educación y apoyo profesional para las personas con discapacidad, además de reclamar una respuesta estatal.
En abril, el Episcopado también había enviado una carta al entonces ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación de hogares y centros destinados al cuidado de personas con discapacidad. A partir de esa comunicación, el Ministerio de Salud recibió a una delegación de la Iglesia y se comprometió a regularizar deudas con prestadores y abrir un espacio de diálogo para garantizar la continuidad de las prestaciones.
El tema también se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, donde se analiza la prórroga de la emergencia en discapacidad. Mientras sectores de la oposición plantean extenderla durante un año, el bloque libertario sostiene que se trata de un mecanismo transitorio que debería ser reemplazado por un esquema permanente con financiamiento específico.
