A esta resolución se suma la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que también permite la implementación de deportaciones aceleradas, un proceso que no requiere de instancias judiciales y queda a criterio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Corte, en una votación de 6 a 3, reafirmó que la administración de Donald Trump está en condiciones de suspender el TPS para los ciudadanos haitianos y sirios, anulando las órdenes de tribunales inferiores que obstaculizaban esta acción gubernamental. Se estima que esta resolución afectará aproximadamente a 350.000 haitianos y cerca de 6.000 sirios.
El TPS es un beneficio migratorio instaurado por el Congreso en 1990, diseñado para permitir que inmigrantes de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Este estatus es temporal y no concede ni residencia permanente ni ciudadanía.
Los jueces que apoyaron este fallo argumentaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) confiere al DHS la autoridad para otorgar o revocar el TPS según considere pertinente. En este marco, el 23 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que la administración de Trump podía reanudar los procesos de deportación acelerada.
Esta medida difiere de la convencional, ya que permite a los agentes de ICE expulsar a ciertos inmigrantes sin requerir una audiencia ante un juez de inmigración. Las deportaciones aceleradas habían sido suspendidas anteriormente en agosto de 2025, aduciendo la falta de garantías contra expulsiones erróneas y la necesidad de salvaguardar el debido proceso.
Con las modificaciones recientes, las deportaciones aceleradas podrán aplicarse a quienes no demuestren al menos dos años de residencia legal continua en el país. Anteriormente, esta normativa solo entraba en vigencia cerca de las fronteras; ahora se extiende a todo el territorio estadounidense.
Desde su regreso al poder, Donald Trump ha intensificado los controles migratorios y facilitado la expulsión de individuos que se encuentran en situación irregular. A pesar de este endurecimiento en la política migratoria, aún existen protecciones que deben ser conocidas por todos los afectados.
Las decisiones judiciales recientes consolidan la autoridad de la administración actual sobre este grupo poblacional. Aunque estas resoluciones no generan deportaciones inmediatas, eliminan una importante protección de la que disponían muchos.
Los haitianos y sirios que se vean afectados por la anulación del TPS deberán explorar otras alternativas legales para regularizar su estatus y así evitar los procesos de expulsión contemplados en la legislación estadounidense.
