La cifra contrasta con los ingresos que perciben actualmente millones de jubilados y pensionados. En octubre, más de cuatro millones de beneficiarios recibirán $505.748, monto que contempla el haber mínimo más un bono de $70.000. A esto se suma la situación de casi un millón de personas con discapacidad, cuyos ingresos alcanzan los $375.023, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $348.598,81, más el bono correspondiente.
El relevamiento también toma como referencia que el umbral de indigencia en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en $903.930. Para el cálculo de la canasta se consideran los principales gastos que afrontan las personas mayores, entre ellos alimentación, medicamentos, vivienda y productos de limpieza.
El componente que más pesa después de los medicamentos es la alimentación, con un gasto estimado de $457.742, equivalente al 21,9% del total. Los medicamentos representan $518.708, un 24,8%; la vivienda demanda $364.959, el 17,5%, mientras que los productos de limpieza suman $130.509, el 6,2%.
La medición se realiza mediante una encuesta en zonas urbanas donde se concentra una parte importante de la población mayor. El relevamiento contempla la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario.
En el rubro vivienda se incluyen tanto los gastos de mantenimiento de una propiedad como los alquileres y los costos asociados a quienes viven en pensiones. Para medicamentos, el cálculo contempla distintos tipos de tratamientos y patologías, además de los descuentos disponibles de acuerdo con la obra social de cada beneficiario.
Uno de los factores que incide sobre este componente son los cambios implementados en PAMI, que ampliaron el universo de medicamentos de venta libre sin descuentos y modificaron los porcentajes de cobertura aplicados a los medicamentos recetados.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, señaló que la comparación entre el costo de la canasta y los ingresos previsionales permite dimensionar las dificultades económicas que atraviesan las personas mayores. También remarcó que la situación alcanza a quienes reciben pensiones y a personas con discapacidad.
A la evolución del costo de vida se suma el esquema de actualización de los haberes. Los aumentos mensuales se calculan en función de la inflación registrada dos meses antes, aunque el mecanismo no impacta de la misma manera sobre todos los beneficiarios debido al congelamiento del bono de hasta $70.000.
Ese refuerzo permanece sin modificaciones desde marzo de 2024 y tampoco contempla una actualización en el proyecto de Presupuesto 2027. De esta manera, alrededor de cinco millones de jubilados y pensionados reciben incrementos previsionales sobre un bono que mantiene el mismo valor.
El sistema de actualización por inflación, además, mantiene los haberes vinculados a los niveles de precios, independientemente de una eventual evolución de la actividad económica, los salarios o la recaudación fiscal.
El relevamiento se conoce en un contexto en el que las organizaciones vinculadas con la tercera edad vienen señalando dificultades relacionadas con alimentación, salud y vivienda. Según señaló Semino, esta situación viene siendo advertida desde 2022 por entidades especializadas en gerontología y geriatría.
