La iniciativa será presentada en la sede de Cáritas Argentina y cuenta con el respaldo de más de 140 diputados pertenecientes a 12 espacios políticos de 11 provincias. El proyecto plantea establecer un esquema de financiamiento que permita sostener las obras independientemente de las decisiones presupuestarias que adopte cada administración.
Además, propone extender por una década la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental vigente en los barrios populares.
Entre los legisladores que acompañan la propuesta se encuentran Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Fernanda Miño, Esteban Paulón y Nicolás Massot. La amplitud política de las adhesiones busca reunir apoyos de distintos sectores en torno a la continuidad de las políticas de integración socio-urbana.
La iniciativa será presentada en un contexto de fuerte reducción de los recursos destinados a este tipo de obras. De acuerdo con datos de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de proyectos de integración socio-urbana pasó de $171.863 millones en 2023 a $3.336 millones en 2026, una disminución del 98%.
Durante ese período, además, quedaron paralizadas 671 obras distribuidas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto de Presupuesto 2027 tampoco contempla una partida específica destinada a garantizar la continuidad de estas iniciativas. La discusión alcanza a un universo de 6.467 barrios populares registrados oficialmente, donde viven más de cinco millones de personas, entre ellas 1,7 millones de niños y niñas.
Para evitar que el financiamiento quede sujeto a las asignaciones presupuestarias de cada año, la propuesta establece un piso anual calculado sobre el Producto Bruto Interno. Para el período comprendido entre 2027 y 2029, fija un porcentaje equivalente al 0,0375% del PBI, que aumentaría de manera progresiva hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036.
El esquema busca recuperar un nivel de inversión similar al alcanzado por el Fondo de Integración Socio Urbana durante 2021 y garantizar la continuidad de las obras a lo largo de la próxima década.
La presentación tendrá además lugar pocas semanas antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre los principales oradores estará el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, junto con legisladores de distintos sectores y referentes comunitarios.
En paralelo, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informó que las provincias de Buenos Aires y Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires solicitarán que los días 10 y 11 de noviembre sean declarados feriados en sus respectivas jurisdicciones durante la visita papal.
El Gobierno nacional ya había confirmado como feriado el 9 de noviembre para todo el país. Según explicó la funcionaria, la posibilidad de sumar las otras dos jornadas surgió de una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y referentes de la Iglesia, con el objetivo de facilitar el traslado de las personas que participen de las actividades previstas durante la visita.
