La Circular N° 02 del Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001 extendió hasta el 3 de noviembre el plazo para presentar ofertas, habilitó propuestas por subcategoría en los Renglones N° 2 y N° 3 y flexibilizó las exigencias de capacidad económico-financiera para los consorcios. La apertura de las propuestas quedó prevista para el 4 de noviembre.
El esquema contempla la creación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) entre Fabricaciones Militares y los adjudicatarios privados. Los socios privados quedarían a cargo de la gestión, la producción y la comercialización de cada unidad de negocio.
De acuerdo con el pliego, el operador privado deberá contar con al menos el 51% de participación, sin establecerse un límite máximo. El Comité Ejecutivo de cada UTE tendrá tres representantes del sector privado y dos del Estado, mientras que la presidencia quedará en manos del operador privado. También será designado por este el representante legal de la UTE, quien solo podrá ser removido por una causa justificada y mediante acuerdo unánime.
Los inmuebles, las maquinarias, las instalaciones y demás activos físicos continuarán perteneciendo a Fabricaciones Militares. El contrato modelo establece que el acuerdo no otorgará al operador privado ni a la UTE derechos de propiedad sobre las unidades de negocio.
Los contratos tendrán una duración mínima de 10 años y máxima de 35, por lo que el plazo más extenso podría extenderse hasta 2061. También se contempla una cláusula de salida onerosa: si el Estado decidiera recuperar anticipadamente el control por razones vinculadas con la defensa nacional o el interés público, debería pagar la inversión todavía no amortizada más un 10% adicional.
El concurso permite además la participación de sociedades constituidas en el exterior. De esta manera, un operador extranjero podría participar en actividades vinculadas con la fabricación de municiones, pólvoras, explosivos y cañones.
A pesar de la flexibilización de algunas condiciones, las exigencias económicas continúan siendo elevadas. Se establecen patrimonios netos mínimos de entre USD 35 millones y USD 70 millones, según el renglón, y de hasta USD 185 millones para quienes pretendan participar en los cuatro. También se requiere una experiencia mínima de 15 años en unidades productivas similares y en la comercialización internacional de materiales controlados.
El proceso se desarrolla mientras persiste un conflicto laboral en la Fábrica Militar Azul, en la provincia de Buenos Aires. La planta, conocida como Fanazul, permanece sin actividad productiva desde mayo de 2024 y actualmente atraviesa un esquema de dispensa de tareas que alcanza a 29 trabajadores, aproximadamente la mitad de su plantilla.
Fanazul había sido cerrada en diciembre de 2017, durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri, con el despido de más de 200 trabajadores. La planta era y continúa siendo la única instalación de América Latina con capacidad para producir TNT.
Su reapertura se concretó en junio de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, a partir de un contrato firmado en octubre de 2021 entre Fabricaciones Militares y una empresa peruana perteneciente a un grupo internacional. El acuerdo, previsto inicialmente por cinco años con opción a tres más, contemplaba que Fanazul suministrara mastermix y nitroglicerina para operaciones en Perú y la región. Sin embargo, el contrato finalmente no se concretó.
El 15 de mayo de 2024, la conducción de Fabricaciones Militares comunicó a la planta que la producción de mastermix se interrumpiría durante una semana por razones técnicas. Ese mismo día se informó a las autoridades de Fanazul que el contrato comercial había quedado sin efecto. Desde entonces, la fábrica permanece sin producción.
El 31 de julio de 2026, Fabricaciones Militares comunicó a 29 trabajadores que serían dispensados de cumplir tareas durante 30 días, aunque mantendrían el cobro de sus salarios. La medida fue atribuida a “estrictas razones de reorganización operativa” vinculadas con la inactividad de la planta. Paralelamente, se ofrecieron retiros voluntarios en cuatro cuotas. Para un trabajador con 10 años de antigüedad, la indemnización prevista alcanzaría los $16 millones.
Fabricaciones Militares tiene más de 80 años de historia y atravesó distintos períodos de expansión y reducción de su actividad. Fue creada el 9 de octubre de 1941 mediante la Ley 12.709, impulsada por el general Manuel Savio, con el objetivo de desarrollar una industria nacional vinculada con la defensa. En su etapa de mayor expansión llegó a administrar establecimientos dedicados a la producción de acero, químicos, fertilizantes, municiones y explosivos en distintas provincias.
El primer intento de privatización se produjo en diciembre de 1991, cuando la Ley 24.045 incluyó las fábricas de Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero y Villa María dentro de un programa de privatizaciones durante la presidencia de Carlos Menem. El proceso no llegó a completarse y la posibilidad de privatización se mantuvo durante más de una década.
En 2015, la Ley 27.141 prohibió la privatización por decreto y ratificó el carácter estatal de las cinco unidades productivas. Más adelante, el 31 de enero de 2019, el Decreto 104/2019 modificó la estructura jurídica de la entidad y convirtió a la Dirección General de Fabricaciones Militares en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Para entonces, la cantidad de trabajadores se había reducido a 360, el nivel más bajo registrado hasta ese momento.
Actualmente, Fabricaciones Militares gestiona cinco establecimientos industriales: Fray Luis Beltrán, en Santa Fe; Río Tercero y Villa María, en Córdoba; San José de Jáchal, en San Juan; y Azul, en Buenos Aires. Sus principales unidades de negocio están vinculadas con Seguridad y Defensa, Metalmecánica, Químicos, y Pólvoras y Explosivos.
El nivel de actividad es dispar entre las distintas plantas. Villa María, la de mayor actividad, funcionaba a fines de 2025 al 50% de su capacidad, según información atribuida a representantes gremiales. Jáchal fue desactivada y Fanazul permanece paralizada desde mayo de 2024. El concurso CPU-2026-SC-001 concentra especialmente su propuesta en las unidades de negocio de Villa María y Azul, aunque contempla el conjunto de las líneas productivas de Fabricaciones Militares.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó el esquema mediante un informe sobre el contenido del pliego. El documento sostiene que la conformación de UTEs permitiría transferir a operadores privados el control operativo, comercial y productivo de las plantas sin que exista una declaración legislativa de privatización.
El planteo se basa en que la utilización de UTEs podría entrar en tensión con la Ley 27.141, que establece la prohibición de privatizar las fábricas militares mediante un decreto y requiere una ley del Congreso para avanzar en ese sentido. Según el informe, una cesión de la gestión durante varias décadas, sumada al predominio privado en los órganos de decisión y a la conducción de la producción y comercialización, implicaría una transferencia material del control de las unidades, aun cuando los inmuebles y las plantas continúen formalmente bajo propiedad estatal.
