La reunión fue convocada por el senador libertario Agustín Coto, quien presidirá el plenario junto con la oficialista Nadia Márquez. El objetivo del Gobierno es conseguir un dictamen que permita avanzar con el tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, que deberá analizar los cambios introducidos por Diputados.
La modificación central consiste en restablecer la Ley 26.737, que regula la propiedad extranjera de tierras rurales en la Argentina. Para ello, el texto aprobado por Diputados incluye la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado la aplicación de esa normativa.
El proyecto original, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía mantener la derogación de la ley y ampliar los límites a la extranjerización de tierras rurales. La legislación establece actualmente un tope del 15% de la superficie rural para propietarios extranjeros, mientras que la propuesta inicial contemplaba elevarlo al 25%.
La iniciativa había generado cuestionamientos entre senadores dialoguistas, gobernadores cercanos al oficialismo y distintos sectores sociales. Durante su tratamiento en el Senado, se eliminaron tanto el capítulo referido a la Ley de Tierras como el apartado que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Con esos cambios, el oficialismo consiguió la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta el pasado 6 de agosto.
Sin embargo, durante el debate realizado la semana pasada, Diputados reincorporó las disposiciones vinculadas con las tierras rurales. El proyecto obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, por lo que regresó al Senado para continuar su trámite legislativo.
El nuevo texto incorpora dos artículos específicos. El artículo 38 deroga el artículo 134 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa limita la participación extranjera en la titularidad de tierras rurales y establece un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y municipal. La restitución de este capítulo recibió 239 votos afirmativos en Diputados.
Además de las disposiciones sobre tierras rurales, el proyecto introduce cambios en las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial, flexibiliza los procedimientos de desalojo y contempla modificaciones para modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble.
En materia de expropiaciones, la iniciativa busca restringir la intervención estatal y exige que exista una finalidad de utilidad pública claramente definida, sujeta a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También establece que la indemnización deberá abonarse íntegramente antes de la transferencia del dominio e incluir el valor de mercado y, bajo determinadas condiciones, el lucro cesante.
Este último concepto deberá corresponder a una consecuencia directa e inmediata de la expropiación y estar respaldado por pruebas objetivas, concretas y suficientes. Además, no podrá duplicar otros conceptos indemnizatorios ni estar contemplado previamente en el valor objetivo del bien.
La revisión en el Senado será clave para definir cómo continúa el recorrido legislativo de una iniciativa que volvió a la Cámara alta con modificaciones sustanciales respecto del texto que había obtenido aprobación originalmente.
