Desde la Casa Rosada se afirma que hay intenciones de remitirlo en el mes de junio. Este paquete forma parte de la segunda fase de reformas que no fue incluidas en el último envío legislativo, el cual abarcó el Súper RIGI, la ley de lobby, y modificaciones en el etiquetado frontal, entre otros. En Balcarce 50 trabajan para organizar los tiempos y evitar solapamientos con la agenda del Congreso.
El contenido del paquete busca modificar regulaciones en sectores con un impacto económico significativo y alta sensibilidad política. En el Gobierno lo catalogan como una nueva etapa en la agenda de desregulación, enfocada en “bajar costos y ampliar competencia”. Sin embargo, cada uno de sus capítulos genera debates distintos con actores del sector privado, sindicatos, colegios profesionales, reguladores y provincias.
Uno de los puntos relevantes es el mercado de seguros. Javier Milei ha mencionado en sus recientes discursos la “revolución de los seguros”, asociando esta idea con una reducción del papel del Estado como prestador de última instancia. Desde el oficialismo, se sostiene que el objetivo es incentivar la expansión de mercados privados de cobertura, mejorar precios y permitir que nuevos productos ingresen al mercado con menor intervención previa del regulador.
Este planteamiento ya había sido incluido en la Ley Bases original de diciembre de 2023. En ese momento, el Gobierno expresaba que, “en aras de mejorar la provisión de seguros”, se buscaba otorgar libertad a las compañías para definir sus productos sin autorización previa del ente regulador, argumentando que eso generaría mayor dinamismo en el sector. Aunque ese aspecto no prosperó en la versión final de la norma, ahora ha sido revaluado dentro de este nuevo paquete.
La reforma también contempla cambios en el régimen de cabotaje, que actualmente reserva la navegación entre puertos argentinos a embarcaciones con bandera nacional. Sturzenegger ha argumentado que el alto costo del transporte fluvial interno obliga a utilizar camiones para mercancías que podrían ser transportadas por ríos, como la madera del NEA, arenas de Entre Ríos hacia Vaca Muerta o soja del norte hacia Rosario. En este sentido, el Ejecutivo sostiene que liberando la navegación interior se podrían reducir costos logísticos en las provincias del litoral y mejorar la competitividad exportadora.
Además, el borrador sobre el mercado inmobiliario propone eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario como requisitos para ejercer la intermediación inmobiliaria. También incluye la eliminación de restricciones geográficas, la liberalización de honorarios y comisiones, la limitación del poder sancionador de los colegios profesionales y la habilitación de plataformas digitales o nuevos actores comerciales.
Desde el Ministerio de Desregulación se argumenta que la matrícula obligatoria actúa como un obstáculo que encarece las operaciones y restringe la competencia. El planteamiento oficial es que el corretaje vuelva a adquirir un carácter más comercial, en detrimento de una regulación profesional estricta. Sin embargo, los colegios profesionales rechazan esta visión, advirtiendo que la intermediación inmobiliaria implica un manejo de documentación legal y patrimonial que requiere de competencia profesional.
La controversia es relevante, ya que toca las facultades provinciales y los colegios inmobiliarios sostienen que la regulación profesional corresponde a las provincias, argumentando que no se pueden eliminar estas regulaciones mediante una ley nacional sin generar un conflicto de competencias. En contraposición, quienes apoyan la desregulación argumentan que el sistema actual favorece privilegios corporativos y genera costos artificiales que limitan la innovación.
El paquete también incluye propuestas para el mercado de capitales, que hasta el momento ha avanzado poco en el debate público, pero que el Gobierno considera necesario para ampliar los instrumentos de financiamiento privado, facilitar operaciones y eliminar trabas regulatorias. Se espera que la agenda de desregulación se integre con el Super-RIGI y reformas orientadas a atraer inversiones.
La propuesta llega tras el envío de la reforma a la Ley de Sociedades al Senado, otro proyecto desarrollado por el equipo de Sturzenegger, que busca modernizar estructuras societarias y facilitar formatos empresariales más flexibles, e incorporar herramientas relacionadas con nuevas tecnologías.
También está en la mira una modificación a la Ley de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que presentará una versión renovada de este régimen después de haber recibido comentarios de contadores y expertos en tributación. En el oficialismo se aspira a brindar más certidumbre jurídica para canalizar dólares no declarados hacia la inversión, el consumo o el ahorro declarado.
La próxima reunión de la mesa política se centrará en definir prioridades y la secuencia de las propuestas a enviar. El paquete de desregulación tiene un impacto económico significativo, así como un elevado grado de conflictividad sectorial, por lo que desde Balcarce 50 se prefiere mantenerlo bajo revisión unos días antes de su presentación formal.
