La norma que establecía esa posibilidad dejó de estar vigente el 1 de septiembre, luego de que el Gobierno nacional no dispusiera una nueva prórroga.
Ante esta situación, el gremio había solicitado la extensión del régimen de manera urgente. El 18 de agosto, el secretario general de la UATRE, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para pedir la continuidad de la medida. Según señaló el sindicato, hasta el momento no obtuvo una respuesta oficial ni se dispuso la renovación.
Desde la organización sostienen que el mecanismo resultó durante los últimos años una herramienta para facilitar el acceso de los trabajadores rurales a empleos registrados durante períodos de actividad estacional, sin que eso implicara la pérdida de beneficios destinados a sus familias.
La UATRE advirtió que la interrupción del régimen podría desalentar la formalización laboral, dificultar la contratación de trabajadores locales y generar consecuencias sobre las economías regionales.
El sindicato también planteó que la decisión tiene impacto sobre distintos sectores de la cadena productiva, ya que alcanza tanto a los trabajadores y sus grupos familiares como a los empleadores agropecuarios y a la actividad productiva en general.
Hasta el vencimiento de la norma, los trabajadores temporarios podían mantener beneficios sociales como las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo aun después de ser incorporados a un empleo registrado. Al mismo tiempo, los empleadores contaban con una reducción de las contribuciones patronales.
El régimen había sido implementado originalmente en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, con una vigencia inicial de dos años. En 2023 fue renovado bajo las mismas condiciones.
Posteriormente, en octubre de 2025, el Gobierno de Javier Milei dispuso una nueva prórroga por un año. Esa extensión llevó la vigencia del esquema hasta septiembre de 2026.
Para la UATRE, mantener la compatibilidad entre las políticas de protección social y el empleo registrado resulta clave para promover la formalización de los trabajadores rurales y otorgar previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades.
El sindicato sostiene además que la continuidad de estas herramientas es relevante para el desarrollo de las economías regionales, el fortalecimiento de la capacidad productiva y exportadora y la planificación de las próximas campañas agrícolas.
