Desde el BCRA, presidido por Santiago Bausili, evitaron informar quién fue la contraparte de las operaciones. “Es una información que por ahora el BCRA no hará pública”, señalaron, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos de la reserva. La postura se mantuvo pese a las consultas realizadas en medio de los cuestionamientos de la oposición.
Tanto desde el Gobierno como desde el Ministerio de Economía remitieron las consultas a la autoridad monetaria. El vocero presidencial, Adrián Ravier, también evitó identificar a las entidades involucradas. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, afirmó.
Al defender la estrategia, Ravier sostuvo que las posiciones en oro del Banco Central generaron una ganancia de alrededor de US$2.500 millones. Según explicó, el metal representa cerca del 20% de las reservas internacionales y constituye un activo relevante para la entidad. También argumentó que la volatilidad de su cotización justifica el uso de instrumentos financieros para limitar los riesgos.
El funcionario comparó las coberturas con un seguro: aunque su contratación pueda representar un costo si el riesgo no se materializa como se esperaba, su objetivo es proteger al titular frente a escenarios adversos. En ese sentido, señaló que hace un año no era posible anticipar que el precio internacional del oro subiría más del 60%.
“Gracias al aumento del precio del oro, el activo del Banco Central alcanzó una ganancia de US$3.500 millones. La cobertura significó un costo de US$1.000 millones. La ganancia neta supera los US$2.500 millones”, afirmó Ravier. Desde esa perspectiva, defendió que la operación habría servido como protección si la cotización del metal hubiera evolucionado a la baja.
El vocero también cuestionó el enfoque del informe de la AGN, al considerar contradictorio que se describieran las operaciones tanto como una acción especulativa como una cobertura. Según su argumento, el objetivo del instrumento era reducir la exposición a las variaciones del precio del oro y no apostar a una suba de su cotización.
La respuesta del Gobierno y del Banco Central se produjo después de que la AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, difundiera las conclusiones de su auditoría. El organismo indicó que los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025 eran razonables en sus aspectos técnicos respecto de la situación patrimonial de la entidad, aunque formuló un señalamiento sobre los resultados de las operaciones vinculadas con las reservas de oro.
En particular, la auditoría sostuvo que durante 2025 el Banco Central realizó operaciones financieras sobre la base de una proyección del precio internacional del metal que no se cumplió y que, según los registros contables, derivó en una pérdida de US$1.023 millones. El Gobierno y el BCRA cuestionaron las conclusiones y atribuyeron al informe una motivación política, mientras continúa sin conocerse públicamente la identidad de la contraparte de las operaciones.
La controversia se centra así en dos cuestiones: cómo se evalúa el resultado financiero de las coberturas frente a la valorización del oro y por qué el Banco Central mantiene reservada la identidad de las entidades involucradas.
