La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial, que habilita la venta de la totalidad de las acciones que actualmente posee el Estado en las sociedades generadoras involucradas.
En el caso de la Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., se autorizó la venta del 65,01% del capital social, correspondiente a toda la participación de Enarsa. Para la Termoeléctrica José de San Martín S.A., en tanto, se ofrecerá el 68,83% del capital social.
La situación de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. tiene una instancia previa. La licitación podrá realizarse una vez finalizado el proceso administrativo de liquidación del fideicomiso correspondiente y concretada la incorporación formal de Enarsa como accionista. Ese procedimiento deberá concluir antes del 30 de septiembre de 2026.
Las participaciones restantes de las tres compañías permanecen en manos de generadoras privadas que originalmente integraron el Fondo FONINVEMEM dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.
El nuevo esquema se encuentra respaldado por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 286/2025, que establecieron a Enarsa entre las empresas sujetas a privatización.
El proceso será instrumentado mediante una licitación y contará con la participación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que tendrá intervención en la elaboración de los pliegos y en la organización de las convocatorias públicas.
La normativa establece además que la licitación no incluirá un Programa de Propiedad Participada ni contemplará preferencias para los oferentes. Sin embargo, los pliegos deberán respetar los derechos de preferencia que correspondan a los accionistas privados de acuerdo con los estatutos de cada una de las sociedades.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso y trabajará junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en las distintas etapas administrativas necesarias para concretar la operación.
Con esta medida, el Gobierno avanza sobre la participación accionaria estatal en las tres centrales termoeléctricas y establece las condiciones bajo las cuales se realizará su transferencia al sector privado.
