El Tribunal Oral Federal 5 había resuelto que los expedientes fueran juzgados por separado. De acuerdo con el cronograma establecido, el juicio por las operaciones vinculadas con Los Sauces SA comenzaría el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur SA tendría inicio el 19 de marzo del próximo año.
La UIF, que continúa como querella en ambos procesos, prepara un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. El plazo para recurrir la decisión vence el 1 de octubre y el planteo apunta a que ambos expedientes vuelvan a tramitarse de manera conjunta.
El fiscal Diego Velasco ya presentó un recurso de casación con el mismo objetivo. En su presentación sostuvo que debe respetarse la decisión de unificación adoptada en 2018 y cuestionó que la separación pueda afectar la valoración conjunta de las pruebas y extender los tiempos del proceso.
Uno de los argumentos centrales de la fiscalía es que los dos expedientes estarían vinculados por una misma estructura financiera. Según el planteo, de los 19 imputados que integran ambos procesos, 12 participan en los dos, entre ellos Cristina y Máximo Kirchner. También sostiene que existió una conexión entre los circuitos financieros investigados.
La fiscalía señala además que empresas vinculadas al Grupo Báez tuvieron participación en las operaciones analizadas en ambos expedientes. Entre ellas menciona a Valle Mitre, que aparece vinculada a Hotesur y que, según la acusación, también habría intervenido como fuente de financiamiento de Los Sauces.
Con ese argumento, Velasco sostiene que no se trataría de dos estructuras independientes, sino de distintas operaciones vinculadas con un mismo esquema de circulación de fondos. También cuestionó que el tribunal haya considerado que las dos sociedades tienen objetos procesales autónomos.
La defensa de algunos de los imputados también se pronunció contra la división de los procesos. El defensor público coadyuvante Gerardo Ezequiel Miño, en representación de Martín Jacobs, Emilio Martín y Ricardo Albornoz, pidió que se revoque el desdoblamiento y que se realice un único juicio oral.
En su presentación, la defensa sostiene que la existencia de distintas pruebas o sociedades involucradas no implica que los hechos puedan ser juzgados como procesos independientes. Según esa posición, se trataría de distintas formas de acreditar una misma estructura y separar los debates podría llevar a que determinados acusados enfrenten dos juicios por conductas vinculadas.
El planteo también sostiene que algunos de los imputados tuvieron el mismo rol en ambos expedientes. En el caso de Jacobs, Martín y Albornoz, la defensa afirma que analizar su actuación en uno de los procesos necesariamente tendría consecuencias sobre la valoración de su conducta en el otro.
Otro de los argumentos es que existiría un único plan delictivo relacionado con el presunto reciclaje de fondos provenientes de delitos vinculados con la obra pública. Para la defensa, las diferentes maniobras y sociedades utilizadas constituirían distintas formas de exposición de un mismo hecho, sin alterar su unidad.
La presentación también señala que el requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Hotesur no plantea una acusación autónoma por asociación ilícita, sino que remite a la acusación formulada en el expediente Los Sauces. A partir de esto, la defensa sostiene que ambos procesos funcionan como causas vinculadas y no como investigaciones completamente independientes.
Frente a las dificultades prácticas que podría generar un debate unificado, la defensa propone organizar las audiencias de acuerdo con la prueba que deba analizarse en cada jornada y comunicar con anticipación qué abogados deberán participar. De esta manera, sostiene que sería posible mantener un solo juicio sin afectar su desarrollo.
Las dos sociedades investigadas tienen actividades diferentes: Hotesur está vinculada al sector hotelero y Los Sauces al rubro inmobiliario. La acusación sostiene que ambas habrían sido utilizadas para canalizar unos $120 millones entre 2008 y 2015 mediante contratos de alquiler que, según la hipótesis fiscal, habrían sido simulados.
Uno de los elementos comunes señalados en la investigación es la participación de Lázaro Báez. Según la acusación, el empresario habría actuado como inquilino en operaciones relacionadas con Los Sauces y como administrador de hoteles vinculados con Hotesur.
La investigación también relaciona esas operaciones con fondos provenientes de contratos de obra pública. La acusación sostiene que parte del dinero habría regresado a integrantes de la familia Kirchner a través de las operaciones investigadas.
Además del presunto lavado de activos, en estos expedientes se atribuyó el delito de dádivas. La acusación considera relevante que Cristina Kirchner fuera funcionaria pública durante el período analizado y que Báez, como empresario contratado por el Estado, mantuviera más de veinte operaciones comerciales vinculadas con ese período.
La definición sobre si ambos procesos serán juzgados en conjunto o mediante dos debates quedará ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
