Aunque las iniciativas presentan diferencias, tienen algunos puntos en común: refinanciación de obligaciones, reducción de tasas de interés, consolidación de préstamos y límites al impacto de las cuotas sobre los ingresos de los trabajadores.
La estrategia no se limita a los mandatarios provinciales enfrentados con el Gobierno nacional, como Axel Kicillof y Ricardo Quintela. También alcanza a gobernadores que mantienen diálogo con la Nación, entre ellos Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua.
Los gobiernos provinciales advierten que el sobreendeudamiento también repercute sobre el consumo y, por esa vía, sobre la actividad económica.
A nivel nacional, el índice de morosidad se ubica en 17,5%, aunque existen fuertes diferencias entre las provincias. La Pampa registra un 9,1%, mientras que La Rioja alcanza el 24,5%, de acuerdo con un informe elaborado por una consultora junto con una universidad a partir de datos del Banco Central.
En Córdoba, el banco oficial provincial puso en marcha un plan de consolidación de deudas que permite extender los pagos hasta 60 cuotas, sin quitas de capital ni intereses. En paralelo, Llaryora anunció que enviará a la Unicameral el proyecto “Alivio Cordobés”, que contempla una reducción de tasas para facilitar los pagos, alternativas de refinanciación a tasas consideradas razonables a través del banco oficial y entidades privadas, y la unificación y ordenamiento de las distintas deudas.
En Santa Fe, Pullaro implementó el Plan de Protección de los Ingresos, destinado a empleados públicos activos y jubilados, además de trabajadores privados, monotributistas y autónomos. La iniciativa permite acceder a nuevos créditos de hasta 60 meses para cancelar obligaciones con distintas entidades. La cuota no puede superar el 25% de los ingresos y se contemplan hasta dos meses de gracia para capital e intereses.
En Corrientes, Valdés lanzó “Corrientes Sostiene”, un programa que permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito desde $100.000 en seis o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales respecto de las condiciones habituales. El esquema también contempla una línea para empresas, que pueden refinanciar hasta el 80% del saldo en un máximo de 12 cuotas, con una baja de 15 puntos en la tasa de interés.
En Misiones, Passalacqua impulsó alternativas para empleados públicos y jubilados que tienen dificultades para afrontar pagos de tarjetas y préstamos. El programa contempla tasas bonificadas para refinanciar obligaciones y apunta especialmente a quienes ya se encuentran en mora, con el objetivo de evitar un deterioro mayor de su situación financiera.
En Salta, Sáenz avanzó con un plan de reestructuración de deudas para trabajadores públicos provinciales y municipales. Las condiciones dependen del tiempo transcurrido desde el vencimiento: existen alternativas diferenciadas para quienes acumulan entre 30 y 89 días de atraso y para quienes superan los 90 días. También se contempla la posibilidad de evaluar deudas contraídas con otras entidades.
En Jujuy, Sadir puso en marcha un programa para trabajadores provinciales y municipales incluidos en el Plan Sueldo Público. Para quienes registren una mora inferior a 30 días se prevé una reducción de siete puntos porcentuales sobre la tasa de referencia, mientras que para atrasos de entre 31 y 90 días la disminución puede alcanzar los seis puntos.
En Neuquén, Figueroa estableció un Régimen Especial de Refinanciación con condiciones máximas para quienes accedan al programa. Se contempla una tasa fija de hasta 35% anual o una alternativa UVA más 5%, con un plazo mínimo de 24 meses. Las deudas hipotecarias y prendarias quedan excluidas. Además, se prevén incentivos tributarios para promover la participación de bancos y entidades financieras.
En la provincia de Buenos Aires, el banco oficial mejoró las condiciones de su programa de refinanciación de deudas, lanzado a comienzos de año. La iniciativa está dirigida especialmente a personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y a quienes perciben sus salarios, jubilaciones o pensiones a través de la entidad.
Por otra parte, Kicillof inició una investigación sobre billeteras virtuales ante presuntos casos de “acoso y hostigamiento” vinculados con sus mecanismos de cobro.
El escenario de creciente endeudamiento también fue advertido desde el sistema financiero provincial. El presidente del banco bonaerense señaló que hacia fines del año pasado comenzó a registrarse un aumento acelerado de las personas que acumulaban 30 días de atraso en sus pagos y vinculó esa evolución con un deterioro de la situación provocado por el crecimiento de la deuda acumulada. Según indicó, cerca de 6 millones de argentinos tienen préstamos en situación irregular.
