Según explicó, buena parte del problema se originó en las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los créditos. Las entidades financieras y no bancarias habrían aplicado tasas elevadas como mecanismo para cubrirse frente a los riesgos asumidos, pero esa estrategia terminó generando dificultades cuando aumentaron los incumplimientos de familias y particulares.
La interpretación oficial es que el incremento de la morosidad responde, en parte, a la política crediticia implementada durante los últimos años. Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que quienes otorgaron los préstamos deben asumir las consecuencias de los riesgos asociados a esas operaciones, en lugar de trasladar el costo al Estado.
El vocero presidencial también vinculó la evolución de la morosidad con el escenario político y económico. Según planteó, el aumento de las líneas de crédito se produjo durante 2024, mientras que los mayores niveles de incumplimiento comenzaron a observarse en 2025. En su análisis, la aprobación en el Congreso de proyectos de ley sin un financiamiento definido afectó la demanda de dinero, el tipo de cambio y las tasas de interés, y terminó complicando la capacidad de pago de numerosos hogares.
Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Javier Milei reafirmara, durante una reunión de gabinete, que los niveles de morosidad no configuran una crisis y que los últimos datos muestran una tendencia descendente.
El último informe sobre bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró que la morosidad del sector privado pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio. El dato es utilizado por el Gobierno como respaldo para sostener que no existen motivos para implementar un rescate con fondos públicos.
La expectativa oficial es que mayo haya representado el máximo nivel de morosidad y que a partir de los próximos meses comience una reducción. Sin embargo, el proceso puede ser gradual, debido a que la recuperación de una situación de incumplimiento puede demandar entre seis y 12 meses, dependiendo de cada caso.
El equipo económico también busca contar con más información para demostrar que la morosidad comenzó a corregirse. Durante una exposición vinculada con la flexibilización de los créditos en dólares, el viceministro de Economía, José Luis Daza, señaló que se analiza la posibilidad de difundir nuevos datos sobre la evolución de los incumplimientos, además de los indicadores elaborados por el BCRA.
La posición del Gobierno es que no existió coerción para que las personas tomaran créditos que actualmente tienen dificultades para pagar. Por ese motivo, las herramientas de asistencia previstas para los deudores se limitan a líneas de refinanciación ofrecidas a través del Banco de la Nación Argentina (BNA).
El esquema contempla una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% para la consolidación de deudas de hasta $100 millones y del 35% para la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito de hasta $10 millones. Esas tasas no incluyen el Costo Financiero Total (CFT).
En la misma línea, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que las propias entidades financieras plantearon que el Gobierno no intervenga en la situación. Según explicó, la autoridad monetaria recibe y analiza las distintas solicitudes, pero considera que por el momento la no intervención constituye la alternativa más adecuada.
De esta manera, el Gobierno atribuye el aumento de la morosidad a una combinación de factores económicos y políticos, entre ellos el impacto de decisiones legislativas sobre las tasas y el acceso al crédito. Al mismo tiempo, mantiene su decisión de no destinar recursos públicos para asistir a bancos o deudores y sostiene que los costos derivados de los incumplimientos deben ser afrontados por las entidades que otorgaron los préstamos y por quienes asumieron esas obligaciones..
