En el caso de las inversiones tecnológicas, la nueva normativa incorpora la posibilidad de que una empresa se adhiera al RIGI bajo la figura de “ampliación de un proyecto preexistente” cuando desarrolle un producto nuevo cuyos componentes representen, en términos de valor económico, al menos un 50% de diferencia respecto de los productos que ya fabrica.
Para acceder al régimen bajo esta modalidad, la inversión mínima deberá alcanzar los USD 250 millones. Además, el nuevo producto deberá tener un ciclo de vida comercial de diez años o menos. Para acreditar esa condición, las empresas tendrán que presentar un informe técnico elaborado por un profesional independiente que respalde el horizonte de obsolescencia tecnológica y comercial.
La otra incorporación corresponde a la infraestructura ferroviaria. El decreto establece qué tipo de obras podrán acceder a los beneficios del RIGI y cuáles quedarán excluidas. Serán consideradas elegibles las inversiones destinadas a renovar, sustituir, transformar o desarrollar infraestructura existente, así como la construcción de nueva infraestructura.
En cambio, las tareas de mantenimiento y conservación de estructuras ferroviarias existentes no podrán incorporarse al régimen.
Entre las obras contempladas aparecen la duplicación de vías sobre trazas existentes, la recuperación de ramales que se encuentren fuera de servicio, la renovación integral de puentes y alcantarillas, la instalación o modernización de sistemas de señalamiento automático, la electrificación de trazas y la construcción de infraestructura logística.
Dentro de esta última categoría se incluyen nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y playas de maniobra.
La normativa también determina cuándo una inversión sobre infraestructura ferroviaria ya existente puede ser considerada como una “ampliación de un proyecto preexistente no adherido al RIGI”. Para ello deberá demostrarse un aumento de la capacidad de transporte respecto de la situación previa a la obra.
Ese incremento deberá ser comprobable mediante parámetros técnicos objetivos y cuantificables. El decreto no establece un porcentaje mínimo de aumento, por lo que la evaluación deberá realizarse sobre la base de los indicadores técnicos correspondientes a cada proyecto.
La incorporación de las obras ferroviarias al RIGI se fundamenta en el artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso la promoción de la construcción de ferrocarriles como herramienta para el desarrollo del país.
El decreto también plantea que buena parte de la red ferroviaria argentina fue construida hace varias décadas y que actualmente presenta niveles de deterioro y desgaste que afectan su capacidad operativa.
La decisión oficial despeja además una de las cuestiones que estaban pendientes en el proceso de privatización del Belgrano Cargas. La posibilidad de incorporar las inversiones ferroviarias al RIGI había sido analizada por el Gobierno y estaba vinculada con la definición de las condiciones de la licitación.
El cronograma oficial contempla la publicación de los pliegos antes de que termine agosto, mientras que la adjudicación está prevista para abril o mayo de 2027.
El proceso contempla tres concesiones independientes, correspondientes a los ramales Belgrano, San Martín y Urquiza. Cada una estará dividida en tres componentes: operación de vías, talleres ferroviarios y venta de material rodante.
El esquema elegido será de acceso abierto, previsto en la Ley 27.132 de Política Ferroviaria. Bajo este modelo, el concesionario deberá permitir que terceros utilicen las vías mediante el pago de un peaje. Las concesiones tendrán una duración de 50 años.
El proceso ya despertó el interés de empresas y grupos privados del sector ferroviario y agroindustrial. Entre los potenciales participantes figura un operador internacional con presencia en México y el sur de Estados Unidos, que manifestó su intención de realizar inversiones por USD 3.000 millones para modernizar la red.
También se encuentra en formación un consorcio integrado por empresas vinculadas con la producción y comercialización de granos. El tramo incluido en la licitación comprende unos 7.600 kilómetros de vías distribuidos en 15 provincias.
Con la incorporación del sector ferroviario al RIGI, el Gobierno busca establecer un marco de incentivos para las inversiones destinadas a ampliar y modernizar la red, al tiempo que avanza con el proceso de concesión de los principales ramales del Belgrano Cargas.
La modificación también incorpora al régimen nuevos proyectos tecnológicos, con requisitos específicos para diferenciar desarrollos considerados nuevos productos de las ampliaciones de actividades ya existentes.
