Un análisis sobre las cuentas provinciales advirtió que el problema no puede considerarse exclusivo de determinados distritos. Según el estudio, cuando los desequilibrios financieros se extienden entre las provincias, pasan a tener impacto sobre la estabilidad macroeconómica y requieren atención por parte del Gobierno nacional.
El planteo se da en un contexto de incertidumbre sobre la capacidad de sostener el actual esquema económico. Uno de los indicadores utilizados para evaluar ese escenario fue la demanda de dólares de las familias. Desde la salida del cepo para las personas humanas, en abril de 2025, las compras se ubicaron inicialmente en torno a los US$4.000 millones mensuales y alcanzaron niveles elevados antes de las elecciones de medio término.
Después del triunfo del oficialismo en esos comicios, la demanda disminuyó, aunque permaneció alrededor de los US$2.000 millones mensuales. Según el análisis, esa persistencia refleja la decisión de parte de las familias de proteger sus ahorros mediante la compra de dólares.
En este contexto, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central plantea prohibir que la autoridad monetaria emita dinero para financiar déficits fiscales. La restricción alcanzaría al Estado nacional, las provincias y los municipios.
La iniciativa busca que los distintos niveles del Estado mantengan sus cuentas equilibradas al eliminar la emisión monetaria como alternativa para financiar desequilibrios. Sin embargo, el análisis advierte que una prohibición de este tipo puede ser modificada en el futuro y toma como antecedente lo ocurrido en 2002.
Por ese motivo, plantea que la estabilidad económica requiere también un ordenamiento integral de las cuentas públicas y no únicamente una restricción sobre la emisión monetaria.
Los datos del Ministerio de Economía muestran un deterioro de las finanzas provinciales durante 2025. En 2023 había 13 provincias con déficit financiero, por un desequilibrio acumulado equivalente al 0,55% del PBI. En 2024, la cantidad de distritos deficitarios bajó a seis y el resultado negativo conjunto se redujo al 0,29% del PBI.
En 2025, en cambio, las provincias con déficit volvieron a ser 14 y el desequilibrio financiero alcanzó el 0,46% del PBI. Al incorporar el resultado de la Nación, el sector público consolidado terminó el año con un déficit financiero equivalente al 0,36% del PBI.
La evolución estuvo vinculada, según el análisis, con el comportamiento de la inflación y su impacto sobre el gasto público. Durante los primeros meses de 2024, la aceleración de los precios permitió reducir el peso real del gasto y mejorar las cuentas provinciales. En 2025, con una inflación más baja, el gasto se recuperó y la situación financiera volvió a deteriorarse en buena parte de las jurisdicciones.
Entre los componentes que más presión ejercieron sobre las cuentas provinciales aparecen los intereses de deuda y el gasto previsional de las cajas que no fueron transferidas a la Nación.
En las provincias que mantienen sus propios sistemas jubilatorios, más de un quinto del gasto total corresponde a jubilaciones y pensiones. Según el análisis, este componente representa en muchos casos uno de los principales factores de desequilibrio financiero.
Frente a este escenario, el estudio propone avanzar hacia un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades entre la Nación y las provincias, con el objetivo de reducir superposiciones de funciones, disminuir el gasto y mejorar la prestación de servicios.
También plantea modificaciones en el sistema tributario, entre ellas la posibilidad de crear un “Súper IVA” que absorba Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales aplicadas sobre las ventas.
La propuesta incluye además una reforma coordinada de los sistemas previsionales provinciales, debido al peso que tienen las cajas jubilatorias sobre las cuentas de las jurisdicciones que todavía mantienen esos regímenes.
