Recientemente, y antes de la finalización de la Copa del Mundo, se conocieron medidas y citaciones de tres fiscales de los distritos de Washington DC y Florida, destinadas a obtener información sobre los giros y transacciones bancarias vinculadas a TourProdEnter LLC, empresa de Javier Faroni y Érica Gilette, que actúa como agente intermediario de la AFA en contratos internacionales. La intención de los fiscales es esclarecer si las operaciones entre TourProdEnter y las entidades bancarias Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC constituyen delitos financieros.
La semana pasada, fuentes cercanas informaron sobre las citaciones a varios testigos relacionados con estos negocios, quienes estarán obligados a testificar ante un gran jurado compuesto por hasta 23 miembros.
Las sospechas no se limitan a las demoras judiciales, sino también a los nexos conocidos entre la AFA y diversos sectores de la vida pública, que incluyen jueces, fiscales, camaristas e incluso al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Estas acciones contrastan con el escaso dinamismo que han mostrado los tribunales argentinos en las investigaciones sobre las transacciones de la AFA en el país durante al menos diez meses. Dichas investigaciones han revelado el presunto desvío de más de 57 millones de dólares a empresas fantasma y el descubrimiento de una ostentosa propiedad en Villa Rosa, que ha cobrado notoriedad en el ámbito judicial. Esta casa está registrada a nombre de un monotributista y su madre jubilada, y en varios allanamientos se han encontrado desde autos de lujo hasta caballos.
Surgen interrogantes sobre quiénes son los supuestos testaferros que figuran como propietarios de esa propiedad, ambos vinculados a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y cómo lograron obtener los recursos para adquirirla. ¿Tuvo importancia el acceso que la AFA tuvo al dólar oficial en los meses más críticos del cepo cambiario, durante la presidencia de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía? ¿Fueron esas operaciones realizadas desde el exterior liquidando oportunamente al tipo de cambio oficial del Banco Central y cumpliendo con las obligaciones fiscales?
Por otro lado, resulta peculiar el escaso interés mostrado por jueces y fiscales argentinos para convocar, por ejemplo, a Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo del Consejo de Fútbol de la AFA, quien estuvo al tanto de los secretos de Toviggino hasta su ruptura el año pasado. Esta separación dio lugar al conocido “pendrive” que supuestamente contiene pruebas que circulan en el entorno del fútbol. Aunque el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió en mayo descartar esos archivos como prueba al no estar garantizada su integridad, persiste la inquietud sobre la falta de convocatorias a Beacon o al propietario registrado de la quinta, Luciano Pantano, para explorar lo que podrían aportar. ¿Es posible que ninguno de los dos tenga información relevante? ¿Por qué existe tal resistencia a avanzar en las investigaciones?
Las dudas no solo provienen de las demoras, sino también de las conexiones conocidas entre la AFA y varios actores del ámbito público, incluyendo jueces, fiscales y camaristas, así como el propio ministro de Justicia, quien ha mantenido vínculos en el mundo del fútbol gracias a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Este ha ocupado cargos como miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y representante en la Comisión de Ética de la Conmebol.
Tapia, incluso, intentó desviar la atención de la opinión pública durante el mundial, apareciendo en las cámaras junto a Lionel Messi con una pelota bajo el brazo, en una actitud que resultó provocadora.
Esta situación no es excepción, pues también incluye a jueces que han intervenido en diversas causas relacionadas con la AFA, como Diego Barroetaveña, que aceptó recientemente un pedido para que la investigación sobre la lujosa casa de Villa Rosa quede bajo la jurisdicción del juzgado de Campana, tal como solicitan los imputados.
Mientras tanto, algunos implicados en esta trama, como Tapia, pretenden aferrarse a los logros de la selección nacional para eludir las causas que enfrentan, burlándose de la situación en el contexto del campeonato mundial.
A pesar de esta atmósfera enrarecida, el interés manifestado por las autoridades judiciales estadounidenses aporta un atisbo de esperanza sobre el futuro de las investigaciones en Argentina. La expectativa es que, quizás, jueces, fiscales y camaristas, incomodados por la diferencia de ritmo entre ambas jurisdicciones, decidan tomar cartas en el asunto. Las evidencias son numerosas y hay testigos dispuestos a relatar lo que saben.
