El Gobierno tiene planes de vender centrales, tanto termoeléctricas como hidroeléctricas, y también considera la posibilidad de colocar, a través del mercado de capitales, acciones del Banco Hipotecario.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas es la encargada de gestionar el proceso de privatizaciones. Esta unidad fue creada para coordinar la reestructuración de las empresas estatales, y su mandato ha sido recientemente prorrogado por el Poder Ejecutivo.
Desde el Gobierno se ha identificado a un total de 58 empresas con participación estatal que tienen potencial para implementarse en distintos esquemas de participación privada. Entre ellas, se han señalado 31 oportunidades como prioritarias. Hasta el momento, hay 20 procesos en ejecución o a punto de lanzarse, y ya se han concretado 7.
Entre los procesos que se han llevado a cabo están varios proyectos en curso y otros que se prevén impulsar en los próximos meses. Este escenario es parte del continuo esfuerzo por avanzar en privatizaciones que se han programado para este año.
Chaher analizó la proyección realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estimó que las privatizaciones permitirán generar ingresos por unos u$s 2.300 millones durante este año y el próximo. Ante esa afirmación, explicó que para el actual período ya están previstos varios procesos y que el punto central será determinar cuándo esos recursos ingresarán al Tesoro.
En ese sentido, se destacó que AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) ya inició su proceso de privatización y cuenta con una fecha establecida para la presentación de ofertas, prevista para el 27 de agosto. Según las estimaciones oficiales, el cierre de la operación podría concretarse durante octubre. Además, Chaher mencionó que se prevé lanzar un nuevo capítulo de ENARSA (Energía Argentina S.A.) con las termoeléctricas, indicando que al menos dos de las cuatro centrales se ejecutarán este año. También contemplan volver a licitar hidroeléctricas como Futaleufú y Cabra Corral. Según estimaciones, estos procesos aportarían u$s 1.000 millones al Tesoro este año y u$s 1.300 millones adicionales el año siguiente.
Respecto al origen de esos u$s 1.300 millones, explicó que una parte podría provenir del sector energético, especialmente de ENARSA, debido a los activos que posee, entre ellos gasoductos, centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. Además, señaló que dentro de las proyecciones también podría contemplarse el sector bancario, con casos como el Banco Hipotecario.
Sobre las empresas que saldrán a licitación el año próximo, Chaher señaló que que estarán en el resto del paquete de las termoeléctricas y de las hidroeléctricas, así como algún banco, refiriéndose en particular al Banco Hipotecario.
Este último, según comentó, tiene más del 60% de su paquete accionario pendiente. Parte de este paquete se encuentra en el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad). Afirmó que el control mayoritario, en términos de equity, sigue siendo del Ministerio de Economía, lo que permite su venta a través del mercado de capitales.
En relación a las empresas energéticas, Chaher mencionó que “tenemos dos termoeléctricas: la Almirante Brown y Vuelta Obligado, además de los gasoductos y parte de la UTE que se mantiene con YPF sobre la planta de regasificación”. Estos son los objetivos que tienen para finales de este año, con una ejecución prevista para el primer semestre del próximo. Explicó que el proceso de adjudicación puede durar entre 4 a 6 meses.
En relación con el proceso de privatización de AySA y las expectativas de recaudación, actualmente hay siete interesados registrados, entre empresas nacionales e internacionales. A partir del 27 de agosto, esos participantes pasarían a convertirse en oferentes formales. Según las estimaciones, el ingreso esperado por la operación sería de al menos u$s 500 millones.
Frente a rumores que indicaban favoritismo en las concesiones hacia grupos vinculados al gobierno, Chaher afirmó: “Lo que nosotros estamos implementando son reglas claras para todos los inversores, nacionales o extranjeros. Quizás se pueda interpretar que estamos siendo más proclives a favorecer a empresarios locales. Pero, la realidad es que hoy las participaciones de los inversores internacionales son limitadas. No hay un favoritismo, las reglas son claras para todos. Nacional o extranjero, acá no hay banderas de capitales de inversores”.
En cuanto a la transparencia de los procesos de privatización, explicó que el sistema implementado busca evitar cualquier tipo de direccionamiento o manipulación. Según detalló, las licitaciones se realizan mediante una plataforma completamente digital, con mecanismos de encriptación y registro de todas las operaciones, lo que impide modificar información sin que quede constancia.
Además, destacó que no se fijó un precio para la adquisición de los pliegos, con el objetivo de ampliar la participación. De esta manera, cualquier interesado que acredite la idoneidad y la representación necesarias podrá formar parte de los procesos.
Chaher tambien hablo sobre el sistema de contrataciones y explicó que es digital, encriptado y trazable, lo que asegura que existe un mecanismo de control que elimina la posibilidad de manipulación o favoritismo.
En ocasiones, se plantea que el direccionamiento de los procesos proviene desde los requisitos de las licitaciones. Desde la Agencia de Transfornaciones de Empresas Públicas se aclaró que “la definición de los requisitos para ser admitido son analizados por distintas áreas del Estado. La Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, todas las áreas jurídicas de los ministerios correspondientes a la licitación”.
Se cuestionó la validez del concurso para las centrales del Comahue, donde se indicó que no se realizó una valuación adecuada y se aseguraba que las empresas ofertaron valores muy inferiores al real. Frente a esto, respondieron: “Es falso. Sí se evaluaron. Lo que pasa es que se trata de confundir a la gente diciendo que la evaluación no fijó un precio base. El Poder Ejecutivo puede elegir si pone un precio mínimo como base. Todas las empresas tienen valuación oficial, y es un elemento que la Comisión Evaluadora toma en cuenta al recibir las ofertas para evaluar la oferta válida. Esto no quiere decir que no exista, es un insumo del propio Estado para ver que las ofertas sean razonables en términos de precio”.
Respecto a la denuncia de representantes gremiales sobre la tasación de Intercargo, que supuestamente fue muy inferior al valor real de la empresa, lo que dejó la licitación desierta, Chaher comentó que “la visión del sindicato es sesgada. Dijeron que estaba subvaluada, pero la realidad es que la única respuesta correcta es que quedó vacante la licitación porque fijamos un precio base muy desafiante. Los inversores privados nos respondieron que no les interesaba, que preferían hacer un desarrollo propio”.
En cuanto al futuro del proceso, la definición aún se encuentra en evaluación junto con las áreas correspondientes y que existen distintos escenarios posibles. No obstante, se remarcó que la prioridad será garantizar el funcionamiento del sector aeronáutico y la prestación del servicio aeroportuario por encima de la continuidad de la empresa. Además, se destacó que ya existen 15 operadores privados habilitados para participar, por lo que la decisión avanzará en esa línea.
Chaher confirmó que los inversores nacionales e internacionales pueden presentar proyectos mediante el mecanismo de iniciativa privada. Según explicó, esas propuestas son evaluadas y, en caso de ser declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, se habilita un concurso internacional en el que se contemplan preferencias para quien haya impulsado la iniciativa y aportado la propuesta original.
Además, sostuvo que existe un cambio de paradigma en la política económica, basado en una mayor apertura al mercado y en el respeto por los contratos. En ese sentido, señaló que los organismos multilaterales están ofreciendo financiamiento a los privados para el desarrollo de obras, debido a que los contratos de concesión cuentan con mecanismos destinados a reducir los riesgos asociados a posibles cambios políticos.
