Recientemente, Caputo anunció que el Gobierno está preparando una nueva “versión” de la norma que ofrecerá mayor seguridad a los contribuyentes.
“A partir del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto que modifique la actual Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió que, durante el período de espera establecido en la normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no les aplique multas a las pequeñas y medianas empresas”, destacó la entidad gremial.
El aumento de las multas automáticas por la falta de presentación de las declaraciones juradas de IVA y del impuesto a las Ganancias ha sido uno de los aspectos más criticados por empresarios, contadores y economistas.
En este contexto, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, los individuos que omitan presentar su declaración jurada enfrentarán una intimación de $220,000, mientras que las sociedades deben pagar una multa de $440,000.
El detrimento se debe a que muchas pymes no cuentan con la capacidad económica ni la solvencia de grandes empresas.
“CAME requirió que, en los casos en que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%. Solo una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación, debería aplicarse la sanción en su totalidad, acorde a los montos establecidos por la ley”, explicaron desde la entidad.
Asimismo, CAME solicitó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de embargos que afectan al sector de las pequeñas y medianas empresas.
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, detalló Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
Además, Lourenzo señaló que este régimen debería abarcar las deudas vencidas hasta el 31 de mayo del presente año, así como los planes de facilidades de pago actuales y aquellos que hayan caducado.
La entidad considera crucial atender estas demandas, con el objetivo de “promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible”.
