El proyecto propone el reintegro de los “derechos de exportación” que los productores de Formosa han pagado por las exportaciones de oleaginosas y cereales.
Según las proyecciones de Paoltroni, la medida tendría un costo fiscal estimado de 0,00035% del PIB para 2025. Con esta consideración, el senador busca alinearse con la intención de Javier Milei de “sostener el equilibrio fiscal”. “Las medidas del proyecto no afectarán los acuerdos fiscales vigentes entre nación y provincias”, se señala en el documento.
El informe presentado a la Comisión estima el costo fiscal vinculado al proyecto y define que el objetivo del régimen es reembolsar el 100% de los derechos de exportación abonados por los productores agrícolas de Formosa por las ventas de cereales y oleaginosas.
La iniciativa también tiene como propósito “promover la competitividad regional y fomentar el desarrollo económico”. Asimismo, especifica que los beneficiarios serán las personas físicas o jurídicas que demuestren la producción de cereales y oleaginosas en la provincia.
Entre los requisitos establecidos figuran el uso de semillas fiscalizadas, la presentación de la carta de porte de granos y el geoposicionamiento del establecimiento.
Además, el proyecto contempla el mecanismo de reintegro y designa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca como la responsable de reglamentar la aplicación en un plazo de 60 días, con la participación de ARCA.
Si se aprueba, la medida tendría vigencia hasta que se eliminen las retenciones a nivel nacional. Por lo tanto, el senador hace un llamado al Poder Ejecutivo para que desarrolle un plan fiscal que garantice una transición ordenada en la estructura tributaria, evitando así repercusiones negativas en las finanzas.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la provincia de Formosa que se pronuncie en 60 días sobre el caso iniciado contra el gobernador, en el cual se cuestiona la inconstitucionalidad de su reelección indefinida, que le ha permitido permanecer en el cargo durante ocho mandatos consecutivos.
La decisión fue tomada recientemente y se basa en una denuncia presentada por el senador nacional por Formosa y ex miembro del bloque de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. Insfrán ha estado en el cargo desde 1995 y ha sido reelegido de manera consecutiva desde entonces.
No es la primera vez que Insfrán enfrenta denuncias por su reelección continua; la Confederación del Frente Amplio Formoseño y el político opositor Fernando Carabajal también han llevado a cabo acusaciones similares.
Este desarrollo podría acelerar el pronunciamiento del máximo tribunal en el caso.
Este asunto cuenta con antecedentes que podrían resultar desfavorables para el gobernador, dado que en 2023 la Corte declaró la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas en otras provincias como San Juan, Tucumán y Río Negro, lo que ha generado expectativas de un fallo similar en Formosa.
Sin embargo, existe una reforma constitucional respaldada por el voto popular, un aspecto importante en la consideración del tribunal, que ya ha manifestado que el Poder Judicial local debe pronunciarse primero sobre este tipo de denuncias.
En el documento presentado, se establece que tanto el gobernador como la fiscal tendrán un plazo de 60 días para presentar un nuevo argumento, de acuerdo con los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
