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Malvinas: las acciones de la petrolera que busca extraer crudo con el proyecto Sea Lion sufren una caída cercana al 20%

5 octubre, 2026
in Economía
Malvinas: las acciones de la petrolera que busca extraer crudo con el proyecto Sea Lion sufren una caída cercana al 20%
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Las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration cayeron 19,7% este lunes en la Bolsa de Londres, en medio de la disputa con Argentina por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La baja se produjo mientras continúan las sanciones aplicadas por el Gobierno argentino y una medida cautelar de la Justicia Federal que afecta las actividades de las empresas involucradas.

La cotización de Rockhopper ya había acumulado descensos en las últimas semanas. Durante los primeros dos días de octubre, sus acciones habían retrocedido cerca de 8%, mientras que en septiembre habían registrado una caída aproximada del 18%.

Rockhopper tiene una participación del 35% en Sea Lion y comparte el proyecto con la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% restante y está a cargo de la operación. El yacimiento se encuentra en la cuenca ubicada al norte de las Islas Malvinas.

Tras el desplome de sus acciones, Rockhopper difundió un comunicado basado en información proporcionada por Navitas a sus inversores. Allí reconoció que las sanciones impuestas por Argentina continúan afectando a las compañías vinculadas con Sea Lion y con otras actividades de explotación de recursos naturales en las islas.

La operadora también informó que uno de los contratistas del proyecto decidió no realizar trabajos para Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la zona. Frente a esta situación, Navitas indicó que trabaja para reemplazar a dos contratistas que no cumplieron con sus compromisos y realizar los ajustes necesarios para continuar con el desarrollo.

Por el momento, Rockhopper y Navitas sostienen que no esperan un impacto material adverso sobre Sea Lion y que continuarán trabajando con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Sin embargo, ambas empresas reconocieron que el escenario podría modificarse y señalaron como riesgos las dificultades para reemplazar contratistas, la eventual salida de otras compañías vinculadas al proyecto y un posible endurecimiento de las medidas argentinas.

Las empresas también contemplan como factores de riesgo eventuales cambios regulatorios o geopolíticos que puedan modificar las condiciones legales y comerciales bajo las cuales se desarrolla Sea Lion.

A pesar de las dificultades, Rockhopper y Navitas mantienen el cronograma previsto para el proyecto. El plan contempla comenzar las perforaciones a principios de 2027, con una primera etapa de 11 pozos, y apunta a iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028. El objetivo es alcanzar una producción de hasta 55.000 barriles diarios.

En su último informe semestral, Rockhopper reafirmó su decisión de continuar adelante con Sea Lion pese a las sanciones argentinas. La empresa sostuvo que el Reino Unido y las autoridades de las islas consideran esas medidas “ilegítimas” y sin fundamento jurídico, y reconoció que las acciones adoptadas por la administración de Javier Milei aumentaron la exposición política y mediática del proyecto.

Desde Argentina, el Gobierno sostiene que las compañías involucradas realizan actividades hidrocarburíferas en un área cuya soberanía se encuentra en disputa y sin autorización argentina. A las sanciones administrativas se sumó una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó a Rockhopper y Navitas suspender las actividades relacionadas con Sea Lion.

La resolución judicial surgió a partir de una presentación que incluyó la participación de excombatientes de Malvinas y también estableció que las empresas deberán brindar información sobre las operaciones previstas en el área.

En paralelo, el Gobierno argentino prepara una estrategia en el ámbito internacional. La intención es recurrir a un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitar medidas provisionales para intentar frenar el avance del proyecto mientras se resuelve la controversia de fondo.

La estrategia contempla pedir la intervención provisional del Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Del lado británico, el Foreign Office confirmó ante el Parlamento que las futuras licencias de exploración y explotación de petróleo y gas en las Islas Malvinas requerirán autorización del Gobierno británico, en un contexto de creciente tensión alrededor del desarrollo de Sea Lion.

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