En conversaciones interceptadas entre empleados del laboratorio Ramallo, que proveía exclusivamente a la firma HLB, se escucha a un trabajador comentar: “Nos (tuvimos que quedar en el laboratorio porque nos) agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera: te acordás?”. En el intercambio, también se destaca que hubo un regreso de la conexión de la manguera que llevó a la fabricación de otros tres lotes contaminados, aunque se habían vendido antes de que se realizara un análisis posterior.
HLB Pharma y Laboratorios Ramallo funcionaban como una sola entidad, bajo la gestión de Ariel García Furfaro y su hermano Diego, ambos detenidos a instancias del juez Ernesto Kreplak desde hace un año. Los testimonios y documentos técnicos sitúan a los participantes de este chat en la estructura operativa del laboratorio donde se elaboraban los productos inyectables como el fentanilo.
El momento exacto del inicio de esta tragedia está recogido en el pedido de detención de Nélida Agustina Bisio (ex administradora de ANMAT) y Gabriela Mantecón Fumadó (ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos, INAME). Estas funcionarias estuvieron 48 horas en prisión y luego pagaron una fianza de 75 millones de pesos cada una para recuperar su libertad bajo caución.
La fiscal Laura Rotela argumentó en su pedido de prisión que las detenidas habían recibido numerosas advertencias sobre la peligrosidad de los medicamentos elaborados en Ramallo, que incumplían las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Sin embargo, no se adoptaron medidas preventivas para proteger la salud de la población.
El problema se originó en un área de la cadena de producción, donde un recipiente de acero de 20 litros disolvía el fentanilo en agua tratada. A través de tuberías de acero inoxidable, el resultado de la mezcla se transportaba a la máquina que llenaba las ampollas de vidrio. En este último tramo, se produjo el error crítico: una manguera quirúrgica se soltó y fue reconectada. Expertos señalaron que la exposición al aire de este recinto puede resultar en contaminación. Las prácticas de manufactura establecen que, ante un incidente así, se debe suspender el proceso, limpiar el área y destruir todas las ampollas que se habían fabricado hasta ese momento.
La conversación obtenida en la investigación revela que no se llevaron a cabo las acciones necesarias. Los trabajadores manifestaron, en relación a los análisis, que el producto estaba “re contaminado”. Tras el reporte de fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata, la empresa intentó “re-esterilizar” las ampollas usando un autoclave a 107 grados, lo que podría haber comprometido la efectividad de los fármacos al convertirlos en placebos, según un especialista.
La fiscalía determinó que el registro de producción no documenta el incidente y carece de constancia sobre el análisis del agua y del aire en ese entorno, procesos que debían ser cumplidos antes de la comercialización de cualquier medicamento.
Posteriormente, se dio inicio a la llamada “operación limpieza”, que buscaba encubrir irregularidades. La Fiscalía de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) determinaron que, después de la denuncia, se activaron protocolos de ocultamiento, incluyendo la incineración de pruebas y la destrucción de pruebas de comunicación entre los implicados.
En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata se pronunciará sobre la situación procesal de las ex funcionarias. La hipótesis que se maneja es que actuaron con desinterés o que los directivos del laboratorio contaron con su complicidad para eludir sanciones que podrían haber cerrado el laboratorio antes de que la crisis se desatara. Ha habido múltiples advertencias que no fueron tomadas en cuenta.
