Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner deberán enfrentar el juicio por el caso Los Sauces ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, según el texto de la acusación. El fiscal a cargo será Diego Velasco. Antes del inicio del debate, la Cámara Federal de Casación Penal analiza la posibilidad de unificar este expediente con el caso Hotesur, que había sido separado en septiembre. La decisión está en manos de los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
La reconstrucción de la acusación presentada por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar reúne las pruebas contra 19 imputados. Según la hipótesis fiscal, el dinero salía del Estado a través de empresas vinculadas con Báez y el Grupo Indalo, pasaba por sociedades intermediarias y llegaba a las empresas familiares de los Kirchner bajo la forma de pagos por alquileres. Finalmente, los fondos regresaban a los integrantes de la familia mediante retiros, honorarios, salarios y gastos personales.
Para los investigadores, los contratos de alquiler constituían una pieza central del mecanismo, porque daban una apariencia de legalidad a los fondos recibidos. La acusación sostiene que entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 funcionó una asociación ilícita estable, con roles definidos y con Néstor y Cristina Kirchner como presuntos líderes. Máximo Kirchner habría cumplido una función organizativa junto con otros exfuncionarios y empresarios, entre ellos Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares.
La fiscalía divide el funcionamiento del esquema en dos etapas. En la primera, los grupos empresariales de Báez e Indalo habrían obtenido fondos públicos mediante obras y negocios con el Estado. En la segunda, una parte de ese dinero habría retornado a la familia Kirchner mediante alquileres, compras, préstamos y mejoras en sus propiedades. Según la acusación, distintas empresas actuaban como intermediarias y firmaban contratos que no se corresponderían con su actividad real o con su capacidad económica.
En el caso de Los Sauces, la inmobiliaria familiar registró ingresos por alquileres de $25.968.042,30 entre 2009 y 2016. De acuerdo con la fiscalía, el 88% de esos recursos provino de compañías relacionadas con Báez y el Grupo Indalo. Entre los pagos identificados, el Grupo Indalo habría abonado $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras en los edificios Juana Manso y Dique, ubicados en el complejo Madero Center, en Puerto Madero.
Por su parte, empresas vinculadas con Báez habrían pagado $4.014.926,97 por propiedades ubicadas en Alvear 391 y Moreno 882, en Río Gallegos. Además, Mitre e Idea habrían destinado $3.398.389,57 al hotel La Aldea del Chaltén. Para la fiscalía, estos ingresos permitieron que el patrimonio neto de Los Sauces pasara de un capital inicial de $100.000 a $12.122.430,26.
La acusación sostiene que, una vez incorporados los fondos a las sociedades, la familia retiró más de $10 millones mediante conceptos como devolución de créditos, honorarios de directores, salarios y pagos de gastos personales. Según los fiscales, estas operaciones se realizaron sin respetar las asambleas y los plazos previstos para la distribución de dividendos.
En relación con Hotesur, los investigadores describen un mecanismo similar en la administración de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Para la compra de esas propiedades, la acusación señala que Báez y el Grupo Eskenazi aportaron recursos por alrededor de US$10 millones. Entre las operaciones mencionadas figuran un préstamo de Austral Construcciones a Néstor Kirchner por $8.329.596,50, en diciembre de 2007, y el financiamiento otorgado por el Banco de Santa Cruz a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner por $10.277.933,82 entre octubre y noviembre de 2008.
La hostería Las Dunas fue adquirida en febrero de 2008 por $700.000. El establecimiento contaba inicialmente con 12 habitaciones y luego fue ampliado hasta alcanzar 47, además de incorporar un restaurante con capacidad para 200 personas y un centro de negocios. Ese mismo año se concretó la compra del hotel Alto Calafate, mediante una operación que incluyó US$3.168.000 en efectivo y una transferencia de US$1.632.000 desde el Banco de Santa Cruz.
La fiscalía ubica a Valle Mitre, empresa dirigida por Báez, como intermediaria en la administración de los hoteles. Según la acusación, hasta 2008 la firma se dedicaba a operar un restaurante y registraba ingresos anuales de $430.095,80, una cifra que, a criterio de los investigadores, no alcanzaba para afrontar los contratos hoteleros. Por ese motivo, otras compañías vinculadas con Báez le habrían transferido fondos, entre ellas Austral Construcciones, que habría enviado $70.949.170,95.
Para justificar esas transferencias, las empresas habrían declarado alquileres de habitaciones y salones, servicios de consultoría y marketing, y la construcción de un complejo turístico. La fiscalía cuestiona esas operaciones porque, según sostiene, Valle Mitre no contaba con la experiencia ni el personal necesarios para desarrollar esas actividades.
En noviembre de 2008, Valle Mitre asumió la gestión del Alto Calafate mediante un contrato que contemplaba distintos pagos, entre ellos un monto de US$40.000 mensuales por la explotación del establecimiento y un pago único de US$100.000. En 2011 se firmó un nuevo contrato por $469.272 mensuales. Para Las Dunas, los pagos habrían sido de $177.172 por mes entre marzo de 2010 y mayo de 2013, con un total acumulado de $6.909.708. Luego, Hotesur entregó la gestión del hotel a Idea SA, vinculada con Sanfelice.
Uno de los elementos destacados por la acusación es que Valle Mitre habría recibido $86.566.062 durante el período en que administró los hoteles, pero terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Para los fiscales, ese resultado constituye un indicio de que las operaciones no respondían exclusivamente a una actividad hotelera rentable, sino que habrían servido para trasladar dinero entre las empresas involucradas.
En el caso de Los Sauces, la fiscalía también señala el papel de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, sociedades vinculadas con el Grupo Indalo. Según la acusación, Inversora M&S recibió más de $50 millones de la constructora CPC y más de $3.000 millones de Oil Combustibles. Álcalis, por su parte, habría obtenido indirectamente $124 millones de otras empresas del grupo. Los investigadores sostienen que parte de esos recursos se utilizó para realizar pagos a la familia Kirchner.
La acusación también atribuye funciones específicas a otros imputados. Sanfelice habría coordinado distintas operaciones y ocupado cargos en varias sociedades vinculadas con los hoteles y los negocios inmobiliarios. El contador Víctor Manzanares habría organizado el entramado contable, mientras que los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían intervenido en la constitución de sociedades y poderes.
En cuanto a las imputaciones, los fiscales atribuyen a los acusados en Los Sauces presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos, mientras que la imputación por asociación ilícita no se habría reiterado en ese expediente para evitar un doble juzgamiento por los mismos hechos.
La posibilidad de unificar ambos casos se apoya, según la fiscalía, en que once acusados aparecen en los dos expedientes y en que existe evidencia documental compartida. La decisión de Casación determinará si las causas avanzan en debates separados o si se tramitan de manera simultánea.
