La situación requirió la intervención de efectivos de Infantería, que permitieron liberar los accesos y posibilitaron la reanudación de las actividades de la empresa, que presta servicios logísticos para Mercado Libre.
El conflicto comenzó luego de que la compañía resolviera despedir sin causa a uno de sus 164 empleados y abonara la indemnización correspondiente de acuerdo con la legislación vigente. La decisión derivó en un reclamo sindical y posteriormente en el bloqueo de las operaciones.
Tras el despido, directivos de la empresa fueron convocados a la sede del Sindicato de Camioneros. Durante ese encuentro, el secretario de la rama de Correos, Jorge Luis Amador, cuestionó la desvinculación y sostuvo que no podían despedirse trabajadores que no hubieran recibido sanciones previamente.
Los representantes de la compañía explicaron que se trataba de un despido sin causa relacionado con una reestructuración. Ante el planteo de que la legislación permite este tipo de desvinculaciones, el dirigente sindical respondió que la organización se manejaría con “su método”.
A partir de ese episodio se produjo el bloqueo de las instalaciones. También fueron advertidos transportistas externos que no tenían participación en el conflicto, por lo que decidieron no ingresar para cargar los vehículos.
Según la denuncia presentada por representantes del sector empresario, al gerente general de la compañía le advirtieron que si alguna camioneta intentaba salir de las instalaciones podía ser incendiada.
La protesta se mantuvo hasta la intervención de efectivos de Infantería, que restablecieron el acceso y permitieron que la actividad logística volviera a funcionar.
La empresa involucrada cuenta con más de tres décadas de actividad en el sector de logística y distribución postal. Entre sus instalaciones se encuentra un centro de procesamiento con capacidad para más de 50.000 paquetes y una infraestructura de 6.300 metros cuadrados. También dispone de una capacidad de despacho superior a 12.000 envíos por hora y una flota de más de 700 vehículos.
El episodio se produce luego de otro conflicto protagonizado por el Sindicato de Camioneros en una planta de una empresa de correo privado ubicada en Avellaneda. En ese caso, las operaciones también habían sido interrumpidas a raíz de despidos y se denunció el ingreso de un grupo de personas vinculadas al gremio, además de una agresión contra un trabajador de seguridad.
Los trabajadores de la compañía habían denunciado la presencia de un grupo sindical dentro de las instalaciones y señalado que sus integrantes respondían a dirigentes de Camioneros.
Los bloqueos sindicales también quedaron alcanzados por los cambios introducidos en la legislación laboral durante los últimos años. La Ley Bases incorporó al artículo 94 una disposición que considera el bloqueo una “grave injuria laboral”, lo que habilita al empleador a disponer un despido con causa cuando un trabajador participe de este tipo de acciones.
A su vez, la Ley de Modernización Laboral establece como infracción grave “provocar, instar u organizar el bloqueo”, extendiendo las posibles sanciones a quienes impulsen o promuevan estas medidas.
En paralelo, el protocolo establecido en septiembre de 2024 por el Ministerio de Seguridad contempla la intervención de las fuerzas policiales ante situaciones consideradas extorsivas, un mecanismo que también fue utilizado en conflictos vinculados con bloqueos de establecimientos.
