La demanda fue presentada por la empresa encargada de ejecutar las obras, que reclama facturas impagas, costos adicionales y ganancias que asegura haber perdido tras la ruptura del contrato. Aunque Porcel no figura formalmente como demandado, el escrito cuestiona las posibles responsabilidades del presidente y los directores de Hatzlaja, así como de sus administradores y socios, incluidos aquellos que pudieran actuar de manera oculta. Para avanzar en esa línea, la constructora solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) el legajo completo de la sociedad.
El contrato que dio origen al reclamo fue instrumentado mediante una carta oferta firmada el 19 de diciembre de 2022 por Hatzlaja, a través de su representante y socio Marcelo Porcel. La controversia vuelve a poner en cuestión quién estuvo al frente del proyecto durante los últimos años y qué responsabilidades asumieron los distintos actores.
La situación societaria de Hatzlaja quedó bajo escrutinio después del inicio de la causa penal contra Porcel. Desde su entorno habían sostenido que el empresario se había apartado del emprendimiento, mientras que trabajadores vinculados con la obra afirmaban que seguía siendo responsable de su desarrollo.
Un acta de asamblea del 4 de noviembre de 2024 registra que la empresa aceptó las renuncias de Porcel y de su esposa, María Eugenia Llorente, a sus respectivos cargos. Sin embargo, esa información recién se publicó en el Boletín Oficial el 3 de septiembre de 2026.
La legislación societaria establece diferencias según la condición de quien renuncia: cuando se trata de un socio, la renuncia tiene efecto inmediato; para un tercero, la efectividad queda sujeta a la publicación correspondiente.
Además, registros del Gobierno de la Ciudad muestran que Porcel continuó firmando documentación de la concesionaria como apoderado hasta diciembre de 2025. A partir de entonces, la representación pasó a Ofelia Weiss.
El contrato entre Hatzlaja y Cortes y Sistemas contemplaba la ejecución de la obra bajo la modalidad llave en mano, por un monto inicial de $1.000 millones más IVA. Se había acordado un anticipo del 15% y que el resto se ajustaría según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción.
El plazo previsto era de 15 meses: los trabajos debían comenzar en enero de 2023 y finalizar el 16 de abril de 2024. Sin embargo, de acuerdo con la demanda, los problemas comenzaron antes de que venciera el cronograma.
Desde octubre de 2023, la constructora empezó a reclamar el pago de facturas vencidas y a enviar requerimientos, mientras que la concesionaria autorizaba la facturación de solo una parte del avance de obra. El contrato también asignaba a Hatzlaja la responsabilidad de contratar subcontratistas para tareas esenciales, entre ellas las instalaciones y las escaleras mecánicas.
La falta de esos trabajos habría obstaculizado el avance. Según el reclamo, los planes de obra llegaron a tener 16 versiones y la contratación de las escaleras mecánicas se concretó después del vencimiento del plazo original. La presentación también menciona una resolución gubernamental del 18 de octubre de 2023 que impuso una multa a la concesionaria por incumplimientos relacionados con los subcontratos.
Las diferencias entre las partes se extendieron a la medición del avance físico. Un informe entregado por la administración saliente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en diciembre de 2023 estimaba que la obra estaba ejecutada en menos del 30%, una cifra que coincidía con la evaluación de la dirección de obra. La constructora, en cambio, sostenía que había alcanzado el 50%.
Uno de los episodios incorporados al expediente ocurrió en junio de 2024, cuando las partes no lograron acordar el pago de los costos de “mayor permanencia” y todavía había facturas pendientes.
En ese contexto, Hatzlaja denunció que el 6 de mayo de ese año había sufrido un robo en sus oficinas. Según su planteo, por presuntas fallas de seguridad, le sustrajeron $26,5 millones, US$119.000 y otros US$4.800. La concesionaria intentó atribuir la responsabilidad a la constructora, que tenía a su cargo la seguridad del predio.
Cortes y Sistemas rechazó esa imputación. Argumentó que su obligación consistía en proteger los materiales y elementos de la obra, no el contenido de las oficinas de la comitente ni el dinero en efectivo que pudiera haber allí. También sostuvo que no había recibido una comunicación previa sobre la existencia de esos fondos.
Por ese motivo, la constructora pidió que un perito examine los arqueos de caja de Hatzlaja correspondientes a esos días y la manera en que quedó registrado el supuesto incidente.
La concesionaria, por su parte, reclamó la devolución del anticipo actualizado, por un monto cercano a los $200 millones, pese a que el contrato establecía que ese adelanto no debía ajustarse.
El 25 de junio de 2024, Cortes y Sistemas resolvió rescindir el contrato al atribuir los incumplimientos a Hatzlaja. Ese mismo mes notificó al Gobierno porteño que dejaría de ejecutar los trabajos. Para entonces, acumulaba cinco multas por incumplimientos vinculados con la obra.
El reclamo judicial se divide en dos rubros. Por un lado, la constructora exige $546,4 millones por daño emergente, que incluye facturas impagas y otros costos. Por otro, reclama $294,3 millones por lucro cesante, es decir, las ganancias que afirma haber dejado de percibir.
En conjunto, ambos conceptos suman $840,7 millones, a los que se agregan IVA, intereses y costas. La empresa también solicitó un embargo preventivo por el monto reclamado.
La concesión de Hatzlaja había sido firmada durante la gestión porteña anterior, el 17 de julio de 2020, mientras que el acta de inicio de obra data del 16 de noviembre de 2021. Desde entonces, el proyecto atravesó demoras, cuestionamientos por incumplimientos y una ruptura contractual que derivó en el litigio actual.
Pese a ese historial, los trabajos registraron avances importantes desde la salida de la constructora. Para septiembre de 2026, la obra se encontraba casi terminada, según las estimaciones mencionadas, y la Ciudad anticipaba aperturas parciales, comenzando por los locales con frente a la avenida Pueyrredón.
Si se cumple el cronograma previsto, los primeros espacios de Oh! Buenos Aires abrirán en medio de un escenario judicial complejo: por un lado, la causa penal contra Porcel; por otro, una disputa comercial que enfrenta a la concesionaria con la constructora y pone bajo discusión el manejo societario y las obligaciones económicas del proyecto.
